La Justicia europea anula la multa de 1.490 millones de euros a Google por abusos con AdSense
Bruselas, 18 septiembre.– El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este miércoles una multa de 1.490 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google en 2016 por abuso de posición dominante a través de su plataforma de publicidad AdSense.
El fallo, sobre el que todavía cabe recurso, confirma “la mayor parte” de los argumentos del Ejecutivo comunitario, pero tumba la decisión de la institución que impuso la sanción por no haber tenido en cuenta “el conjunto de las circunstancias pertinentes en su examen de la duración de las cláusulas contractuales que había calificado como abusivas”.
Esta sentencia del tribunal de Luxemburgo llega apenas una semana después de otro pronunciamiento -este sí definitivo- que confirmó otra multa de 2.424 millones a la multinacional tecnológica también por abuso de posición dominante, en este caso a través de su motor de comparación de productos Google Shopping.
Servicios de intermediación de publicidad en AdSense
El asunto del fallo de este miércoles está relacionado con los servicios de intermediación de publicidad que Google desarrolló dentro de la plataforma AdSense para búsquedas en línea – denominado AdSense for Search (AFS)-, que permitía a editores de páginas web mostrar anuncios ligados a determinadas búsquedas realizadas por usuarios.
Estos editores recibían parte de los ingresos generados por los anuncios, pero para poder utilizar AFS debían concluir un contrato, ya fuera negociado individualmente con Google o un contrato en línea estándar que no era negociable.
La primera denuncia contra este sistema llegó en 2010 a la autoridad alemana contra los delitos de Competencia, que elevó el caso a la Comisión Europea. En los seis años siguientes se unieron a la denuncia de empresas como Microsoft, Expedia, Initiative for a Competitive Online Marketplace y Deutsche Telekom.
Después de tres años de investigación, Bruselas concluyó que Google y su matriz, Alphabet, habían cometido tres infracciones distintas que, en conjunto, representaban una violación “única y continua” de las normas comunitarias desde enero de 2006 hasta septiembre de 2016. En consecuencia, impuso a Google una multa de 1.490 millones a la compañía, que recurrió ante la Justicia europea.
Errores en su examen de las cláusulas denunciadas
En su sentencia, el Tribunal General de la UE confirma “la mayor parte de las apreciaciones de la Comisión”, pero concluye que la institución cometió “errores en su examen de las cláusulas denunciadas, así como de la parte del mercado que estaba cubierta por éstas durante el año 2016”.
A juicio de los jueces europeos, el Ejecutivo comunitario no ha demostrado que estas tres cláusulas “constituían cada una un abuso de posición dominante y, en conjunto, una infracción única y continua” de acuerdo con las normas europeas.
En particular, concluyen que Bruselas no fue capaz de demostrar que estas cláusulas “fueran capaces de disuadir a editores de contratar con intermediarios competidores de Google” ni de que “evitaran que estos competidores accedieran a una cuota significativa del mercado”.
En consecuencia, el tribunal con sede en Luxemburgo ha anulado “en su integridad” la decisión de la Comisión Europea que impuso la multa.
Cuatro casos contra Google
El departamento que aún dirige la danesa Margrethe Vestager todavía puede recurrir este fallo, que contrasta con la sentencia definitiva que la semana pasada confirmó otra multa de 2.424 millones a Google por abuso de posición dominante a través de Google Shopping.
Bruselas también acusó a la multinacional de abuso de posición dominante en una tercera investigación, en este caso a través de Android, e impuso una sanción de 4.340 millones que ya ha sido confirmada por la Justicia europea.
Por último, los servicios europeos de Competencia mantienen una investigación abierta contra la firma estadounidense de nuevo por abusar de su posición con sus servicios de tecnología publicitaria (“adtech”). Aunque sigue en marcha, el equipo de Vestager defiende que el único modo de resolver el asunto es un proceso de venta de este negocio.EFE