La lucha por la igualdad

Rafael Alburquerque

Aunque este artículo se publica hoy fue el pasado miércoles 8, Día Internacional de la Mujer cuando lo escribí, y me pareció oportuno referirme a la lucha que persistentemente ha llevado la mujer desde los inicios del pasado siglo para superar la discriminación a la que fue sometida por la ley y las tradiciones de una sociedad patriarcal.

En el país, desde los días de la colonia, la mujer siempre fue un ser marginado, constreñida a permanecer en su hogar para cuidar de su marido y ocuparse de los quehaceres domésticos, sin posibilidades de realizar estudios universitarios por estar estos reservados a los varones, y sometida a la voluntad del hombre a quien le debía respeto y obediencia.

En aquella sociedad de antaño la mujer no tenía autoridad sobre sus hijos, pues se reservaba al marido la patria potestad; la residencia de la familia era escogida libremente por este, quien podía disponer libremente y sin el consentimiento de aquella de la vivienda familiar; y la exclusión a la vida civil era de tal naturaleza que sin el consentimiento de su esposo la mujer no podía celebrar válidamente un contrato, abrir cuentas bancarias o viajar.

A la mujer la legislación vigente del pasado le prohibía ser testigo en un juicio, adoptar una persona o ser tutora de su propio hijo en caso de fallecimiento de su marido. La discriminación estaba tan arraigada en la norma legal que hasta el adulterio de la mujer era castigado con más severidad que el del hombre.

Esta situación de subordinación, exclusión y dependencia comenzó a cambiar en la década del 40 del pasado siglo cuando se le concedió a la mujer el derecho a votar para elegir al presidente de la República y a los demás cargos electivos contemplados en la Constitución. Años más tarde, exactamente en 1951 se le reconoció a la mujer el derecho a trabajar sin que tuviera necesidad de solicitar permiso a su marido y ya en plena democracia, año de 1978, la ley otorgaba a la mujer casada la plenitud de los derechos civiles, tal y como se les reconocía a los hombres y a las mujeres solteras.

Por su parte, la labor de las altas cortes, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional ha contribuido en esta lucha por la igualdad del hombre y la mujer y han declarado inconstitucionales, esto es, no conformes con nuestra Constitución diversas normas que mantenían la discriminación contra la mujer, como aquella que le prohibía casarse durante un determinado plazo después de haber enviudado o divorciado, pues en la época presente, con los adelantados científicos ya no hay lugar a una eventual confusión de paternidad.

El progreso en el camino hacia la igualdad de derechos es evidente, pero aún es insuficiente, pues si bien resulta fácil modificar una ley discriminatoria cuando hay voluntad política, no resulta igual cambiar las costumbres y hábitos de vida de una sociedad estructurada sobre el machismo.

Queda aún mucho camino por recorrer, pues todavía sobreviven en el tejido social grandes brechas de desigualdad, especialmente si nos enfocamos en el importe del salario, el acceso a la educación, la violencia doméstica, las facilidades crediticias y un largo etcétera.

Recientemente, por ejemplo, se denunciaba que el ingreso mensual promedio de la asalariada es de un 82.7% en comparación con lo devengado por el hombre; que el desempleo juvenil en las mujeres duplica la cifra de la de los hombres y triplica la tasa global; que la inactividad causada por la pandemia afectó mayormente a las mujeres; que las tasas de interés que cobran las entidades bancarias son mayores para las mujeres que para los hombres, a pesar de que aquellas tienden a ser más responsables en sus obligaciones de pago.

Y si nos adentramos en el ámbito de la política observaremos que las mujeres aún siguen siendo una minoría irritante en los cargos públicos, tanto en el nivel ministerial como en el Congreso Nacional; que en educación son muy pocas las egresadas de carreras como la tecnología, ingeniería, matemáticas e informática, pues por sus condiciones de precariedad familiar se inclinan por carreras más breves y menos complicadas; y que continuamos registrando en las estadísticas de feminicidios una de las tasas más alta del Continente.

Se hace pues necesario la aplicación de políticas más activas e inclusivas que erradiquen de una vez y para siempre la discriminación sufrida por la mujer, y en esto, no solo basta con legislar para continuar por el camino de la igualdad, sino también la puesta en marcha de un programa agresivo que elimine de una vez y para siempre el comportamiento machista tan enraizado en nuestra sociedad.

La madre sufrida y sacrificada, la esposa resignada, la novia ilusionada, la mujer dominicana lo espera y se lo merece porque se lo ha ganado con su lucha.

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