La maldición de las chichiguas

Por ANTONIO ISA CONDE 

En época de Balaguer, ante las protestas de la población por los frecuentes apagones, el administrador CDE de entonces Julio Sauri les echaba la culpa a las chichiguas.

Han pasados décadas y el fantasma de las chichiguas siguen causando apagones a pesar de los exorcismos que cada gobierno ha realizado con poco éxito.

Lo cierto es que Balaguer no invertía en electricidad porque esa inversión no se veía. Y cuando se vio con el agua al cuello empezó a contratar plantas ineficientes y caras para salir del problema. Esas plantas llegaron a proveer el 56% de la generación, total, insuficiente para suplir las necesidades del país.

Lo peor era, y aun es, que el precio de venta de las generadoras lo determina la más ineficiente, de ahí que para las eficientes era, un gran negocio el que se mantuvieran en operación las peores.

Por demás ante la carestía, las plantas individuales e inversores eran imprescindibles para mantener fábricas, comercios y hogares funcionando, aunque a un costo altísimo para el país y las economías individuales.

Llego un momento que el sector eléctrico estaba prácticamente colapsado, al punto que la CDE (luego CDEEE) no era sujeto de crédito y el gobierno no disponía de los recursos para su rescate.

Ante esa situación no había mas camino que obtener los recursos del sector privado y se emitió la Ley 141-97 de Reforma de las Empresas Públicas, que permitió capitalizar el sector eléctrico mediante un proceso de licitación internacional que permitiría obtener capital por un monto por lo menos igual a la tasación del valor del mercado, de la empresa, determinado bajo un procedimiento establecido por la propia Ley.

El socio capitalista asumiría la administración de las empresas, aunque con una partición minoritaria del sector estatal.

El estado bajo ningún concepto podría ni puede renunciar a su poder normativo y regulador de todo el sector eléctrico.

Los contratos de compra y venta de energía entre generadores y distribuidores producto de la capitalización representaban el 80% de la energía que por la ley de electricidad debían contratar las distribuidoras, el 20 % iría al mercado spot.

Eran 4 contratos por un 20% cada uno, el primero se vencía el primer año, el segundo al siguiente y así hasta llegar al cuarto.

Previo cada vencimiento se debía hacerse una licitación, con el objetivo de ir bajando los precios y hacer más eficientes las generadoras.

Se violo todo, la contrarreforma cobro brío y el desastre que provoco esto y otras medidas que se tomaron sirvieron de excusa para satanizar la reforma y justificar los males del sector.

La concepción de que la electricidad es una mercancía política y las empresas eléctricas un botín político tiene una raíz profunda.

Se produjo el acuerdo de Madrid en procura de mejorar el flujo de caja del gobierno, lo que nadie dijo fue que los altos precios de la compra a las generadoras se debían a que no se realizaron las licitaciones anuales previstas en los contratos de la capitalización.

Ese acuerdo tenía una duración de 16 años, según los expertos, si en la capitalización los contratos de compra y venta de energía hubieran tenido esa duración el valor de mercado de las generadoras hubieran sido el doble.

De ahí en adelante la historia es mas conocida; apagones financieros, quiebra de las EDES, recompra a buen precio, no obstante que la ley y los contratos preveían la expropiación en caso de quiebra, incremento de las perdidas y del personal, corrupción, gestión ineficiente incluyendo de la propia CDEEE, etc.

Ante el desastre y cumpliendo el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se convoca el Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico.

Tres años de discusiones entre los principales actores del sector dieron como resultado por conceso de un Pacto que con sus imperfecciones contenía compromisos especialmente del sector público, que de haberse ejecutado hubiera significado un salto cualitativo en la solución de los problemas del sector.

No se firmó por miopía política de la oposición y desinterés del propio gobierno, que le resultaba mejor administrar sin las trabas que le imponía el Pacto.

Por fin el 25 de febrero del 2021, en el gobierno de Luis Abinader el Pacto se firmó; Pero siguió sin aplicarse, mientras las pérdidas y las nóminas crecían como la espuma.

En los últimos días se han tomado algunas medidas administrativas previstas en el Pacto, como la disolución de la CDEE, el rescate del MEM como organismo rector del sistema y el manejo corporativo de las empresas bajo su control, como Punta Catalina con un programa de planificación de sus operaciones y normativas de control de la misma. Ojalá funcione.

Pero de las EDES nada, y sin que estas funcionen de la manera prevista en el Pacto no se resolverán los problemas del sector eléctricos+. Las medidas deben ser integradas si falla una fallara el resto.

Y ese fracaso a esta altura del juego no se le podrá achacar al pasado gobierno, ni a las chichiguas de Julio Sauri

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