La política económica de Petro en Colombia

Por JULIO ORTEGA TOUS 

El pasado 7 de agosto se juramentó como presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Primer militante de izquierda que gana y asume la Presidencia de Colombia. Un país con problemas casi imposibles de resolver en cuatro años, o de dejar en el camino correcto para continuar las transformaciones que necesita. Un país con un potencial sin igual a sus pares de América Latina. Una población diversa e importante. Tercer país de América Latina con más población -51 millones de habitantes- solo detrás de Brasil y México. País con costas en El Caribe, parte del Océano Atlántico y con amplias costas en el Océano Pacífico. País amazónico, con enormes recursos de tierra y de recursos naturales como agua y minerales.

Sin embargo, los índices de pobreza y desigualdad de Colombia son de los más elevados de Sudamérica. País que ha sufrido una guerra civil abierta o larvada por más de 70 años desde el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948, la explosión de una gran ira popular, conocida como del Bogotazo y la largas confrontaciones a partir de ahí que prácticamente no se han detenido. El programa electoral de la coalición que apoyó a Petro, “Pacto Histórico”, compuesta por 23 movimientos políticos, sociales y comunitarios, a los que se sumaron en la segunda vuelta partidos y personalidades tradicionales como el Partido Liberal, el expresidente Ernesto Samper, entre otras, dieron su apoyo a Petro frente al conservador ingeniero  Hernández.

Petro levantó un programa de reformas importantes, tanto en el campo de la  tenencia de la tierra, educativo, fiscal y distribución del ingreso. Una de las reivindicaciones más importantes planteadas por Petro ha sido los derechos de los pueblos originarios como el caso del pueblo Wayuu, los muy importantes descendientes afrocolombianos de las costas pacifica y caribe; la defensa a ultranza de la selva Amazónica en un pacto multinacional, una política ambiental renovada, derechos democráticos de jóvenes y minorías, entre otros.

En 4 meses de esas propuestas, ha logrado aprobar en el Congreso la Reforma Fiscal encargada a su ministro de Hacienda, el laureado economista José Antonio Ocampo. El presidente Petro ha dicho claramente que su plan es el desarrollo de un capitalismo colombiano, basado en la industrialización, la reforma agraria y la extensión de derechos básicos a la educación, la salud, las pensiones, y que para ser realidad esas metas hay que llevar a cabo una reforma fiscal que le permita bajar el endeudamiento público, financiar la reducción y/o eliminación de la pobreza y la reforma agraria.

La reforma fiscal aprobada en corto tiempo contiene los siguientes aspectos:

“1. Eliminado el desfase entre las tasas nominal y efectiva en el impuesto de renta, reduciendo tasas y quitando exenciones en personas jurídicas.

2. Identificando y gravando de manera efectiva las rentas de capital en personas naturales.

3. Retornando el IVA al 16% con evaluación de la base gravable y devolución del IVA pagado a la población por debajo de la línea de pobreza.

Combatiremos efectivamente la evasión y la elusión tributaria con aplicación de instrumentos como:

1. Introducción obligatoria y universal de la factura electrónica.

2. Reducción al mínimo en los límites contables para introducir transacciones en efectivo,

3. Estimular la depuración de los activos improductivos e incrementar la tasa de renta presuntiva.

4. Contabilizando como costos exclusivamente los relacionados con el objeto social del negocio.

Dotaremos a la Administración Tributaria (DIAN) de una arquitectura informática que le permita consolidar un único sistema de información tributario en asociación con el sistema de recaudo de aportes de la seguridad social. También le brindaremos mayor autonomía presupuestal y organizacional con estructura de planta de carrera administrativa.”

La reforma busca que quienes tengan más ingresos paguen más impuestos para poder recaudar unos 20 billones de pesos colombianos adicionales (4.000 millones de dólares).

Quienes tengan patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos (700.000 dólares), pagarán un impuesto permanente del 0,5%; quienes tengan patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos (1.0 millones de dólares), impuesto del 1%, y de 1,5% a quienes cuenten con un patrimonio superior a 10.000 millones de pesos (2.0 millones de dólares), este último de manera temporal con una vigencia de 4 años.

La renta exenta (del ISR)  pasó de 50 millones de pesos colombianos (unos 50 mil pesos dominicanos al mes) a 120 millones de pesos (unos 120 mil pesos mensuales dominicanos). Se les dará beneficios a quienes tengan dependientes a su cargo y facturas electrónicas por compras de hasta 9 millones de pesos, reportó Reuters.

El impuesto a las ganancias extraordinarias subirá del al 10% a 15%.

Se eliminó el “Día sin IVA”, que había sido aprobado durante el gobierno de Iván Duque.

Habrá prisión para los evasores: se establecieron penas de entre 4 y 9 años de prisión para quienes no paguen impuestos por más de 1.000 salarios mínimos (1.000 millones de pesos o US$ 200.000 al cambio actual) si se incurre en este delito tres veces.

Fue aprobado el impuesto a los plásticos de un solo uso para la venta e importación de los productos fabricados con ese material utilizados para envasar, embalar o empacar bienes por única vez, reportó Reuters.

En cuanto a la política de industrialización el programa de Petro establece:

Durante si intervención en el Congreso Empresarial Colombiano, el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro resaltó la importancia de una política de industrialización y modernización agraria como bases para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

De acuerdo con Gustavo Petro, Colombia tiene que desligarse del carbón y del petróleo, dado que esto es un imperativo mundial, humano y vital. “Nada es un país cimentando su futuro en carbón y petróleo, como lo hace Venezuela o los países árabes, que ya han reaccionado”, dijo.

En ese sentido, indicó que este modelo económico hoy está en crisis y fue el Covid el profundizador de la quiebra. ”Tenemos que pasar a otra manera de entender la economía y los empresarios deberían ser la vanguardia de ese cambio”, precisó.

Y agregó que las bases del modelo económico del país se deben cimentar en la agricultura y la industria: “volver a la palabra producción, lo que significa una política de industrialización y de modernización agraria, que implica un nivel de proteccionismo”, anotó.

Asimismo, indicó que Colombia no puede mantener los niveles de libre comercio arruinando ramas enteras de la industria nacional, como las confecciones o los cueros.

Además, sostuvo que Colombia tiene una estructura de posesión de la tierra absolutamente irracional e ineficiente. “Esto implica una transformación bajo la idea de una reforma agraria que no tiene por qué asustar, porque Japón ya nos enseñó cómo hacerlo pacíficamente. Hay que elevar los impuestos a la tierra que no produce”.

Petro igualmente sostuvo que una política de industrialización y de modernización agraria es una política de empleo.

Aquí juega un papel muy importante la financiación del proceso y por tanto una reestructuración de la banca”, dijo y al tiempo indicó que la salud y las pensiones, que ameritan una enorme reforma, deben salir de la nómina empresarial y eso ayudaría a volver ventajosa la producción en Colombia.

Finalmente, el senador y precandidato resaltó que el país debe tener unas políticas adicionales de urgencia, como el empleo garantizado por el Estado. “Eso implica que centenares de miles de personas puedan ser empleadas en una serie de tareas necesarias para la sociedad, pero que no brinda el mercado, como reforestar, como el cuidado de la niñez, entre otras, y que se financiaría con una reforma tributaria progresiva quitando exenciones”, puntualizó.

En pocas palabras. Las reformas económicas iniciadas por el presidente Petro muestran un fenómeno inapelable: el neoliberalismo no funciona. Trajo pobreza, desigualdad, concentración del ingreso y desindustrialización a Colombia y a la región. Hay que volver a políticas activas de industrialización, protección de la industria y protección de la producción agropecuaria, a la vez que de integración regional. Esto es valido para Colombia, para México, para Brasil, para Jamaica, como República Dominicana. No existe una formula absoluta. Cada país tiene su realidad y sus soluciones distintas. Pero únicamente rompiendo con el neoliberalismo que nos han impuesto desde el exterior en los últimos 40 años, podremos tener una transformación en democracia, abatir la pobreza, crear empleo para la clase trabajadora y prosperidad para los empresarios comprometidos con los intereses nacionales.

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