La prensa colombiana vive el periodo electoral más violento de la última década

Bogotá, 24 may (EFE).- Colombia, a las puertas de elegir a su próximo presidente, vive el periodo electoral «más violento de la última década» contra la prensa, caracterizado por el aumento de la violencia, los discursos agresivos en redes sociales y una falta de respuesta institucional.

Así lo indica un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) divulgado este martes, que también señala un aumento del 59 % en las amenazas contra medios de comunicación y periodistas respecto al mismo periodo de 2018, cuando se celebraron las últimas elecciones presidenciales, en las que fue elegido el actual mandatario, Iván Duque.

Según el informe, entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2022 la FLIP registró amenazas contra 97 medios y periodistas, lo que se traduce en que un reportero ha sido amenazado cada día y medio. Seis de estas amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios.

De los medios amenazados, 37 son digitales; 30 emisoras y cadenas de radio, 17 de ellas comunitarias; 10 medios televisivos y 5 impresos.

Este incremento de la violencia hacia la prensa se da en un contexto en el que influyen tres factores: el orden público y «un recrudecimiento del conflicto», «la agresividad y la violencia que se está viendo en la discusión pública sobre la carrera a la Presidencia en redes sociales» y la «ausencia de respuesta institucional», señala a Efe Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP.

El próximo domingo los colombianos saldrán a votar a su próximo presidente, una carrera que en los últimos días se ha sumido en la incertidumbre tras la incógnita de quién pasará a la segunda vuelta: el candidato de izquierdas Gustavo Petro tiene prácticamente su pase asegurado, según las encuestas, y su rival estará entre el derechista Federico «Fico» Gutiérrez y el populista Rodolfo Hernández.

PERIODISMO Y ELECCIONES

«El clima para ejercer el periodismo se ha deteriorado por este aumento de las amenazas contra reporteros y reporteras, y también se agudiza por un clima persistente de descrédito, muchas veces coordinado, que ha operado contra periodistas y medios especialmente en redes sociales durante la campaña electoral», denuncia la FLIP.

A pesar de la gravedad de estos casos, «no ha habido un respaldo público a la labor de la prensa en momentos donde es crucial», y desde el Gobierno no se ha rechazado este tipo de ataques ni adoptado ninguna acción para frenarlas o hacerles frente.

Es más, añade el informe de la FLIP, otras figuras públicas, incluidos candidatos presidenciales, «han generado un ambiente de permisividad y de hostilidad en contra de diferentes periodistas».

La campaña presidencial está apoyándose en un discurso especialmente violento y polarizado que ha proliferado en las redes sociales, «casi con licencia para insultar», que ha hecho que el trabajo de los medios de comunicación y sus líneas editoriales «rápidamente se confundan con posiciones ideológicas» y termina impactando en los periodistas, apunta Bock.

«Este panorama de violencia contra la prensa se agrava por la falta de respuesta estatal, rechazo público y procuración de justicia», lamenta la organización.

RADIOGRAFÍA DE LAS AMENAZAS

El departamento de Arauca (este) y la región del Bajo Cauca (Antioquia), donde muchos de los municipios afectados tienen una baja oferta de medios locales, son las zonas más peligrosas para el ejercicio del periodismo en el país.

En esos lugares «basta con que tan solo un medio sea intimidado para que se produzca una reacción en cadena y otros medios también se atemoricen y se vean obligados a autocensurarse», resultando en «silencio informativo».

En Arauca operan grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, mientras que en el Bajo Cauca la disputa se da principalmente entre esas disidencias y la banda criminal Clan del Golfo.

En el caso del Bajo Cauca, la FLIP ha tenido que sacar a dos periodistas con un fondo de emergencia de la propia fundación por las graves amenazas que recibieron, cuenta Bock.

Además, en ocasiones las amenazas son intimidaciones para que los medios publiquen los panfletos de grupos armados ilegales, como en el caso del Clan del Golfo, durante el «paro armado» de este mes, en el que amenazaron a dos emisoras comunitarias para publicar su propaganda.

La mayoría de las amenazas son hechas por desconocidos, en 49 de los casos; grupos armados (25) y particulares (7), mientras que en 37 casos las amenazas están relacionadas con el cubrimiento del conflicto armado, siendo la corrupción el segundo tema que investigan quienes han sido amenazados.

Además de esos lugares, Bogotá, «una de las ciudades donde más amenazas se registran siempre», se han detectado 15 casos de amenazas, un fenómeno que en menor medida se da también en otras urbes del país.