La tragedia del Jet Set: Cuando el silencio sustituye a la justicia

Suleica Martínez

Han pasado dos meses. O mejor dicho, han pasado 60 días de un silencio atronador. 60 días desde que colapsó el techo del icónico Jet Set, dejando 235 muertos —sí, doscientos treinta y cinco seres humanos—, más de 180 heridos y decenas de familias marcadas por el dolor de, el vacío y la injusticia. Una tragedia sin precedentes en la historia reciente de la República Dominicana. Y, aun así, nadie ha caído preso. Nadie ha sido imputado. Nadie ha sido allanado. Nadie ha dicho nada, al parecer la justicia se derrumbó con el techo.

¿Dónde están los responsables? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la voz de la justicia? ¿Quién está moviendo las fichas para garantizar que, por primera vez en la historia dominicana, se respete con tanto esmero el “debido proceso”? ¿Por qué en este caso sí hay cautela, protocolos y discreción? ¿Por qué no hubo un “Operativo Catástrofe”, una “Operación Ruinas del Placer”? ¿Por qué el Ministerio Público, tan ágil para montar espectáculos mediáticos, ahora se ha convertido en un monasterio de silencio?

La respuesta flota en el aire como el polvo de los escombros que cubrieron a los muertos: porque en este caso hay poderosos detrás. Y cuando el dinero, el apellido o el círculo social pesan más que los cuerpos sin vida, el aparato judicial se paraliza.

Este país ha visto a personas arrestadas en plena madrugada por supuestos delitos administrativos. Hemos visto cómo, en casos menos escandalosos, se han montado operativos que parecen producciones cinematográficas, con drones, periodistas y titulares fabricados como tráilers de Netflix. Pero en Jet Set, donde el número de muertos supera cualquier tragedia reciente, ni un solo operativo. Ni un allanamiento. Ni una cámara. Ni un “show”.

Todo lo contrario: lo que hay es un pacto tácito de encubrimiento, un silencio que no es casual, sino cuidadosamente orquestado.

Me rehúso a creer que esta lentitud es por respeto al proceso. En un país donde los allanamientos suelen hacerse sin órdenes claras, donde se filtran expedientes antes de llegar a un tribunal, ¿ahora quieren convencernos de que se están “haciendo las cosas bien”?

No. Lo que estamos viendo es la otra cara del sistema penal dominicano: la cara elitista, la cara clasista, la cara corrupta.

Si esta tragedia hubiese ocurrido en un colmadón de Herrera o en una discoteca de SFM, ya tuviéramos presos, titulares, ministros dando explicaciones y fiscales tomando protagonismo. Pero como ocurrió en uno de los templos del jet set capitalino, como están envueltos apellidos que se rozan con el poder económico y político, lo que hay es una especie de conspiración de silencio.

Y mientras tanto, las familias lloran. Los niños quedaron huérfanos. Las madres sepultaron a sus hijos. Hay cuerpos que aún no han sido plenamente identificados. Hay personas en rehabilitación sin apoyo del Estado. Y hay un país que, peligrosamente, empieza a resignarse a la impunidad como norma.

A estas alturas, es legítimo preguntar: ¿quién protege a quién? ¿Qué ficha está siendo movida para garantizar que esto se olvide? ¿Por qué la fiscalía que tanto ha hablado en otros casos ahora se ha quedado muda? ¿Quién dio la orden de no hacer nada?

Aquí no solo deben responder los dueños del establecimiento. Aquí también deben sentarse en el banquillo de los acusados los funcionarios que debieron supervisar, los ingenieros que firmaron licencias, los inspectores que nunca inspeccionaron, los ministerios que miraron hacia otro lado. Porque si el Jet Set operaba sin inspección estructural desde hace 30 años, ¿qué hace entonces el Estado más que cobrar impuestos y posar para fotos?

Esto no es solo una tragedia civil. Esto es un crimen de Estado por omisión. Y como tal, debe ser juzgado.

Pero aunque mañana mismo se presentaran cargos, ¿de qué serviría? Con el Código Penal actual, inservible, obsoleto y humillante, los responsables podrían enfrentar penas ridículas, irrisorias, casi insultantes para las familias de las víctimas. Un Código Penal que ha sido incapaz de evolucionar porque en el Congreso se discuten temas banales, como crear leyes para hacer cumplir otras leyes que ya existen. El Congreso debatiendo absurdos mientras la sociedad entierra muertos.

Esto me recuerda El proceso, de Kafka: un sistema judicial tan absurdo, burocrático y opaco que convierte al acusado en rehén de algo más grande e intangible. Pero en nuestro caso, no es el acusado quien está preso de un sistema incomprensible: es la víctima.

La víctima está presa del olvido, del encubrimiento y de la indiferencia oficial.

Nos han dicho que en República Dominicana “lo tiene todo”. Y es verdad. Lo tenemos todo: recursos, talento, potencial. Pero también tenemos corrupción, desidia, injusticia, simulación, espectáculo y silencio cómplice; tenemos cinismo, tenemos olvido. Aquí, incluso, se perdió un avión y no pasó nada. Lo único que no tenemos es justicia verdadera.

Y por eso hoy, dos meses después, no solo exigimos respuestas. Exigimos acción, dignidad, verdad. Exigimos que la ley no siga siendo una alfombra donde los poderosos limpian sus zapatos manchados de sangre. Porque cada día que pasa sin justicia es una nueva muerte. Es una cachetada a la memoria de los 235 que murieron bajo un techo que colapsó, pero también bajo un Estado que nunca estuvo presente.

Porque, como he dicho siempre, la justicia, para ser independiente, debe ser también autónoma. Sin autonomía no hay independencia real. Solo hay silencio.

Y en este caso, ese silencio se escucha más fuerte que los gritos de las víctimas.

Una última pregunta incómoda, pero necesaria: La fiesta terminó: ¿y ahora, quién paga la cuenta? ¿Por qué tendría el Estado que cargar con los gastos de esta tragedia, si hubo un propietario que cobraba la entrada, servía el trago y firmaba los cheques?

¿O es que, además de impunidad, también hemos privatizado la ganancia y socializado la responsabilidad?

…Es para saber!