La venda selectiva de la justicia
Manolo Pichardo
La lucha contra la corrupción tomada como bandera por algunos gobiernos, comienza a verse desde los balcones más sesudos -que no desde las gradas de la gleba atrapada en el espectáculo mediático- como escenario de prestidigitaciones y espejismos, pues pareciera que sólo se procura alcanzar a políticos corruptos y no a los que los corrompen y actúan amparados en la “legitimidad” de sus negocios en calidad de autores intelectuales y coautores materiales de los actos que amarran en el Estado y amparan en una bien diseñada estructura gansteril que conjuga lo público y lo privado -de lo que poco o nada se habla- para succionarse las riquezas de los ciudadanos.
Se percibe, aguzando la panorámica que brinda el balcón con sentido crítico, una persecución selectiva que, por serla, entraña una acción política que procura despolitizar a la sociedad, ya que con los políticos y los partidos fuera de juego en los quehaceres de Estado, los ciudadanos quedan a merced de los depredadores de los bienes públicos que penetran, desde empresas privadas dirigidas por individuos inescrupulosos, a los gobiernos de los estados, usando representantes que les garanticen abrevaderos para saciar su sed rentista. Así, con el camino libre, el despojo de las élites económicas se hace entonces a plena luz del día, mediante una arquitectura jurídica que legaliza las prácticas delictivas camufladas en negocios oscuros, con predominio de fideicomisos y lavados en paraísos fiscales, de lo que tampoco se habla, quizás por miedo, complicidad o participación directa en este tipo de prácticas lesivas al interés común de la sociedad.
No se plantea ya, de manera franca, el achicamiento del Estado, sino que se le disminuye de forma sutil, con la participación de políticos que no se dan cuenta de que actúan afilando la daga para su harakiri, con el que desamparan a los ciudadanos que quedarían a la intemperie, a merced de los que urden, maquinan sin descanso, las mil formas para despojar y permanecer, sin importar legislaturas o administraciones, en el despojo. Por ello, si no se persigue a los corruptores que se ceban del Estado y a corruptos propios; si se sigue evidenciando la protección a vacas que han engordado con la pangola de los bienes públicos y limpiado el lodo en prestigiosas empresas, a la larga todo parecerá persecución política.
Los Ministerios Públicos tienen el deber de accionar con la venda y la balanza que le revistan de imparcialidad. La sociedad necesita de justicia justa para que los políticos ejerzan su oficio con pulcritud y los empresarios gestionen las riquezas, que generan los trabajadores, apegados a la ley, sin recurrir al Estado para desde él, con las ventajas que brinda, sacar de juego a sus pares competidores, pues nada justifica el despojo, ni siquiera la acumulación originaria de capital que algunos definen como propia de países en vías de desarrollo, porque ésta, amparada en el desenfreno de la corrupción, es un dique que impide avanzar hacia el desarrollo.
Los partidos como instrumentos de intermediación entre el pueblo y el Estado necesitan fortalecerse; ser aliados de la justicia para atacar este mal que se ha convertido en sistémico, en una cuestión estructural peligrosa que atenta contra la existencia de las formaciones políticas.
Crear conciencia sobre esta cuestión es luchar por la sobrevivencia de los partidos y protección de la sociedad, pues la impunidad a los que tienen poder económico pone al desnudo un sesgo clasista y anti-partido que compromete la fortaleza de las instituciones democráticas.
