Los abogados de Jean Alain descalifican informe de la Cámara de Cuentas

Santo Domingo, 28 jun .- Los abogados del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez descalificaron el informe de la Cámara de Cuentas conocido este martes que halló «inobservancias» e «irregularidades» por varios miles de millones de pesos en la gestión que encabezó su defendido durante el período 2016-2020.

El consejo de defensa del exfuncionario, en prisión preventiva por supuesta corrupción, arremetió contra el Ministerio Público a quien acusó de filtrar el documento a los medios de comunicación sin haber notificado de este a Rodríguez o a sus abogados.

Los defensores de Rodríguez, emitieron un documento en el que acusan al Ministerio Público de tener el «descaro» de no solo «mentir y manipular las informaciones», sino de filtrar documentos e informes previos a ser notificados a las partes interesadas «y peor aún, antes de que en este caso, el mismo órgano que lo emite, la Cámara de Cuentas lo publique en su portal oficial» como establece la ley.

Aseguraron que el informe de la Cámara de Cuentas establece que «no hubo ni sobreevaluación, ni sobornos en la ejecución» del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario. «Esta omisión constituye una falta de objetividad del Ministerio Público», plantearon.

Los abogados definieron la publicación del informe como una «muestra más del populismo penal exacerbante aplicado por un Ministerio Público irresponsable y violatorio de todas las normas procesales que utiliza una campaña mediática para condicionar a la opinión pública e influenciar a los jueces».

Entre las anomalías que la Cámara de Cuentas detectó en su informe, copia del cual obtuvo Efe, figura la falta de planificación de las obras por un monto final contratado de 8,535,985,106 pesos.

Asimismo, la inauguración y compra de equipamiento sin culminar obras de construcción por 1,526,048,964 pesos.

Además, el pago por más de 600 millones de pesos sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía y la adjudicación de un contrato por más de 103 millones de pesos a una empleada del Ministerio de la Presidencia.

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