Los “apátridas” que sí tienen patria
Hay semanas en las que el Palacio Nacional parece un monasterio tibetano: silencio, paz y una sospechosa calma política. Pero de repente aparece una protesta en una esquina de la casa de gobierno, con pancartas, consignas y hasta comparaciones históricas dignas de un libreto de Netflix mal documentado, y entonces recordamos que en República Dominicana hay sectores empeñados en convertir el tema migratorio en una fábrica permanente de confusión.
La manifestación protagonizada por personas de origen haitiano transcurrió sin mayores sobresaltos. Nada fuera de lo común, salvo el detalle de que algunos de los presentes decidieron faltar el respeto al presidente Luis Abinader, intentando equiparar su situación con la del mandatario por el simple hecho de que éste posee ascendencia libanesa. Una comparación tan forzada como comparar un carnet vencido con un pasaporte diplomático.
Porque conviene aclarar algo elemental: el presidente Abinader no llegó a la primera magistratura del Estado por obra y gracia del Espíritu Santo ni por una tómbola constitucional. Su familia regularizó su condición migratoria hace generaciones y su padre, José Rafael Abinader, nació dominicano. Punto. La nacionalidad del jefe de Estado jamás estuvo en discusión porque jurídicamente nunca existió duda sobre ella.
Muy distinta es la situación de quienes hoy reclaman ciudadanía dominicana sin haber podido demostrarla cuando el propio Estado les abrió procesos legales para hacerlo.
Y aquí es donde algunos activistas internacionales —siempre muy preocupados por la soberanía ajena y muy poco por la de sus países— prefieren hacerse los desmemoriados.
Un poco de historia no cae mal, aunque provoque urticaria ideológica.
Durante décadas, el Estado dominicano contrató braceros haitianos para trabajar en los ingenios azucareros. Entraban bajo acuerdos laborales temporales y, concluida la zafra, debían retornar a Haití. No se trataba de inmigración formal ni de residencia permanente. Muchos de esos trabajadores permanecieron ilegalmente en territorio dominicano y formaron familias en bateyes y zonas cañeras.
Pero resulta que desde la Constitución dominicana de 1929 ya existía una disposición clara: los hijos de personas en tránsito o en condición migratoria irregular no adquirían automáticamente la nacionalidad dominicana. No fue un invento de ayer ni una conspiración tropical del siglo XXI. Eso estaba escrito cuando todavía no existían las ONG financiadas en dólares ni los expertos de Twitter.
Ese criterio fue posteriormente reafirmado por decisiones de la Suprema Corte de Justicia que consolidaron jurisprudencia sobre el tema migratorio y de nacionalidad.
Luego llegó la famosa Sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, emitida el 23 de septiembre de 2013. Una decisión que desató gritos en organismos internacionales que jamás se escandalizan cuando otras naciones blindan sus fronteras. La sentencia ordenó al Estado organizar y transparentar el registro civil, determinar quiénes tenían derecho legítimo a la nacionalidad y establecer mecanismos de regularización para extranjeros en situación irregular.
Lejos de la caricatura que algunos difundieron, el fallo no ordenó expulsiones masivas ni “desnacionalizó” a ciudadanos válidamente registrados. Lo que hizo fue exigir pruebas documentales para determinar quiénes realmente cumplían con los requisitos legales.
Como consecuencia de esa decisión, el Congreso aprobó la Ley No. 169-14, promulgada el 23 de mayo de 2014 por el entonces presidente Danilo Medina. Esa legislación creó un régimen especial para personas nacidas en territorio dominicano inscritas irregularmente en el Registro Civil y, además, abrió un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
La República Dominicana invirtió miles de millones de pesos en ese proceso. Se habilitaron oficinas, personal, logística y facilidades extraordinarias para que los extranjeros pudieran documentarse. Sin embargo, una gran parte de los beneficiarios potenciales no logró presentar documentos concluyentes que demostraran arraigo, residencia continua o identidad verificable.
Y aquí aparece el gran silencio incómodo: el propio Estado haitiano tampoco facilitó documentación básica a muchos de sus nacionales. Ni pasaportes, ni actas, ni registros consulares suficientes. Es decir, el país más interesado en reclamar derechos dentro del territorio dominicano ni siquiera fue diligente con la identidad de sus ciudadanos.
Pero aun así, algunos insisten en vender el discurso de la “apatridia”. Una palabra elegante que suena muy bien en foros internacionales y conferencias financiadas, aunque jurídicamente haga agua por todas partes.
Porque la Constitución haitiana establece claramente que los hijos de haitianos conservan la nacionalidad haitiana sin importar dónde nazcan. Entonces, si la propia legislación de Haití les reconoce ciudadanía, ¿cómo pueden ser apátridas?
No lo son.
Son haitianos conforme a las leyes de Haití.
Y República Dominicana no puede renunciar a su derecho soberano de definir quiénes son sus nacionales y quiénes no. Cualquier país serio lo hace. Francia lo hace. Estados Unidos lo hace. Canadá lo hace. Pero cuando Dominicana intenta aplicar sus leyes migratorias, entonces aparecen los inquisidores globales con el dedo acusador y la doble moral en la maleta.
El problema no es jurídico. El problema es político.
Y también demográfico.
Porque detrás del falso romanticismo humanitario hay sectores que quisieran convertir la irregularidad migratoria en un método automático de adquisición de nacionalidad.
Y eso, sencillamente, ningún Estado responsable puede permitírselo.