Los avances democráticos en República Dominicana
(Primera parte)
Juan Temístocles Montás
Han transcurrido algo mas de 42 años desde inicio del proceso de transición democrática en la República Dominicana. En 1978 se produjeron elecciones competitivas que fueron ganadas por el Partido Revolucionario Dominicano y desde entonces, con algunas excepciones, el sistema político dominicano se ha ido haciendo mas democrático y con una tendencia cada vez mas creciente por parte de los dirigentes políticos a respetar las reglas del juego democrático.
Se puede asegurar que durante estos años, en nuestro país se han producido avances importantes en el respeto a los derechos fundamentales, entre ellos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Hoy se considera una etapa superada, y olvidada por muchos, aquella en la que no se respetaban la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión, etc.
Soy consciente de que todavía es mucho lo que falta para lograr una democracia de calidad, pero sin lugar a duda es mucho lo que se ha avanzado.
Durante el periodo comprendido entre 1978 y 1990 fueron muy pocos los cambios en el sistema electoral. Las elecciones presidenciales y congresionales se celebraban juntas, el presidente era electo con mayoría relativa en una sola vuelta, y, éramos el único país de América Latina en donde no existían restricciones a la reelección presidencial. Esa situación provocó serios problemas en 1990 y 1994 que obligaron a propiciar un importante cambio en el sistema político dominicano.
Un paso muy importante se produjo en 1993 con la unificación de la cedula de identidad y el registro electoral. Hasta ese año existían dos documentos y no necesariamente una persona con cedula de identidad debía tener un registro electoral. A partir de ese año todo cambio y toda la persona que sacaba una cedula automáticamente se convertía en un elector. El documento pasó a llamarse cedula de identidad y electoral y desde entonces el país cuenta con un registro electoral que se ha ido depurando y perfeccionando con el pasar de los años.
En 1994, en el contexto de la crisis electoral que se produjo ese año, surgió el Pacto por la Democracia mediante el cual el Congreso Nacional se abocó a introducir una serie de reformas a la constitución con el propósito de evitar que se siguieran produciendo traumas electorales. En la raíz de esos traumas estaba la eterna aspiración presidencial del Dr. Joaquín Balaguer. Por eso, las principales reformas fueron: 1) prohibir la reelección consecutiva del presidente de la República; 2) separar las elecciones presidenciales y congresionales; 3) establecer la segunda ronda de votación en las elecciones presidenciales (para ganar en primera ronda había que obtener un voto calificado de 50% mas 1 votos); 4) introducir un esquema de financiación de la campaña política por la vía del presupuesto nacional; 5) acortar el mandato presidencial a dos años y llamar a elecciones en 1996; entre otras reformas.
La puesta en marcha de las mencionadas reformas abrió un nuevo ciclo político en la República Dominicana. En las elecciones que se celebraron en 1996, el Partido de la Liberación Dominicana se alzó con la victoria, lo que permitió, ya en el poder, poner en marcha no solo reformas económicas y sociales, sino también importantes reformas políticas e institucionales.
En 1997 fue promulgada la Ley Electoral 275-97 en la que se regulaba la organización, vigilancia y realización de los procesos electorales en la República Dominicana. Se estableció que la Junta Central Electoral (JCE) era la máxima autoridad en materia electoral y se asignó en la ley el monto de recursos públicos que los partidos políticos recibirían de presupuesto nacional. Esta ley, entre otros aspectos, también regulaba la manera como se reconocían los partidos políticos y establecía que cuando se trate de cargos de diputados y regidores, en la composición total de las nominaciones y propuestas a la JCE, los partidos y la agrupaciones políticas debían incluir una proporción no menor de 33% de mujeres en esos cargos. Posteriormente, mediante la ley 13-00 se estableció que en la boleta municipal de todos los partidos debía incluirse una mujer en los puestos de sindico/a o vice-sindico/a
(Continuará la próxima semana)
