Luis Henry Molina plantea reforma integral del sistema judicial dominicano con énfasis en digitalización y acuerdos

Santo Domingo, 14 julio.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, delineó una estrategia integral para modernizar y agilizar el sistema judicial dominicano, centrada en la digitalización plena de los procesos y el fortalecimiento de los acuerdos como mecanismos esenciales para la eficiencia.

Molina señaló que su objetivo es que los procesos judiciales no excedan los seis meses por instancia, como lo establece el Código Procesal Penal, y destacó que los acuerdos representan una herramienta clave para lograrlo. Propuso la creación de una oficina de preparación probatoria previa al juicio, consagrada en el Código Procesal Penal, con el fin de facilitar expedientes y negociaciones en la etapa preliminar.

Asimismo, sugirió que los tribunales unipersonales asuman un mayor volumen de casos, acorde con la naturaleza de las infracciones, y recalcó la necesidad de establecer el interés casacional como filtro para que la Suprema Corte no se vea saturada de expedientes, permitiendo así desarrollar una jurisprudencia más coherente y útil para el sistema.

Digitalización: piedra angular del cambio judicial

Molina insistió en que la digitalización debe ser transversal y abarcar desde la labor policial hasta todas las fases del proceso judicial. Afirmó que “todos los trámites y notificaciones deben realizarse digitalmente. No hay razones para seguir dependiendo del papel, y el Poder Judicial ya tiene la capacidad tecnológica para ello”.

En ese sentido, indicó que durante los últimos cinco años se ha trabajado intensamente en la transformación digital, logrando implementar un sistema de gestión de casos completamente funcional, firma electrónica y un portal de acceso a disposición de todos los actores del sistema judicial.

También propuso que audiencias no esenciales, como las preliminares o de acuerdos, se realicen en formato virtual para acelerar los procedimientos. Sin embargo, reconoció que las audiencias de fondo aún requerirán una transición más cuidadosa hacia lo digital.

Impacto de la digitalización en la Suprema Corte

Gracias a estas reformas, Molina destacó que el 81% de los casos en la Suprema Corte se resuelven en menos de tres meses. Entre las medidas adoptadas se encuentran la eliminación total del uso de papel en la Sala Penal, la digitalización completa del manejo de expedientes y la implementación de firmas electrónicas, lo que ha permitido eliminar el transporte físico de documentos.

“El secreto ha sido tomar una decisión ética y liderar con el ejemplo”, afirmó, señalando que estas transformaciones permiten medir el desempeño, clasificar casos y construir modelos de sentencia más eficientes.

Persisten retos en primera instancia

Aunque las cortes de apelación muestran un desempeño más eficiente, Molina reconoció que los tribunales de primera instancia, especialmente en zonas densamente pobladas como Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional, presentan aún niveles de resolución inferiores al 80%, lo que representa un desafío importante a superar.

Nuevas prácticas y coordinación institucional

Durante su intervención, Molina también subrayó la necesidad de abandonar prácticas judiciales obsoletas y fomentar el uso de técnicas científicas en la investigación y validación de pruebas. Coincidiendo con la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, sostuvo que casos relacionados con salud mental o consumo de drogas no deberían ser judicializados.

En este mismo tenor, el director Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, valoró positivamente el proceso de coordinación interinstitucional en curso, enfocado en transparentar el sistema, identificar prácticas efectivas y ampliar el acceso a la justicia para la ciudadanía.

Molina concluyó reafirmando que “los acuerdos son la varita mágica para reducir los tiempos procesales”, y reiteró su compromiso con un sistema judicial más rápido, justo y accesible para todos los dominicanos.