Más de cuatro años en justicia, el caso Odebrecht está concluyendo el juicio de fondo

Rubén Perdomo

Cuando en diciembre de 2016 se destapó en Nueva York el escándalo de Odebrecht, nadie sospechaba que la República Dominicana sería el país donde la constructora brasileña había hecho el más grande y descarado derroche de estafas y sobornos.

El acuerdo entre la justicia estadounidense y los principales ejecutivos de Odebrecht que implicó una multa superior a los 3,000 millones de dólares en favor de Estados Unidos como compromiso para no perseguir en territorio norteamericano a la empresa constructora.

El destape inicial puso al descubierto que en República Dominicana Odebrecht pagó sobornos a funcionarios y legisladores por sobre los 92 millones de dólares para lograr ser favorecida con la asignación de las obras de infraestructura más importantes durante los gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), Leonel Fernández (2004-2012) y Danilo Medina (2012-2020).

Ese favoritismo sobre la  base del soborno representó ganancias extraordinarias para Odebrecht y un daño grave al clima de negocios del país, el respeto a las reglas de juego y a la credibilidad de los políticos y partidos de la República Dominicana.

De cada 100 dólares de contrato concedido por el Estado dominicano, 56 dólares iban a parar a manos de los funcionarios –directa o indirectamente- según confesaron los ejecutivos sobornadores ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tan pronto como en enero de 2017, en el país se inició un reclamo generalizado de condena a la corrupción de Odebrecht que se expresó fundamentalmente a través de marchas multitudinarias convocadas por Marcha Verde, un conglomerado variopinto que confrontó al gobierno de Medina y nucleó a sectores sociales independientes con partidos opositores.

Las marchas nacionales y locales se sucedieron a lo largo de todo el año 2017 y parte de 2018.

Con la presión de las marchas en las calles y el gran empuje de las publicaciones de prensa poniendo en evidencia que en el país operaba el “Departamento de Operaciones Estructuradas” de Odebrecht para triangular el pago de sobornos a funcionarios públicos y políticos, aquí y en gran parte del mundo, el ministerio público dominicano comenzó a poner en marcha algunas iniciativas  para “perseguir” la corrupción.

Con idas y venidas a Washington desde enero de 2017, el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, lanzó en mayo de ese año una operación de arrestos, interrogatorios y sometimientos a la justicia de funcionarios, exfuncionarios, legisladores y exlegisladores que abarcaron a dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD),  Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como a negociantes y profesionales particulares.

En la última semana de mayo de 2017, el país amaneció con la noticia de que 14 personas habían sido arrestadas en operativos que fueron filmados y pasados a la televisión para acompañarlos de un despliegue propagandístico hasta entonces desconocido.

Cayeron en prisión preventiva el exsenador Andrés Bautista García, entonces presidente del PRM; César Sánchez, exvicepresidente de la Corporación de Electricidad en el gobierno de Hipólito Mejía; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas de Leonel Fernández; Temístocles Montás, entonces ministro de Industria de Danilo Medina, el agroempresario Ángel Rondón Rijo, y el abogado Conrado Pittaluga, entre otros.

En el expediente formulado por el ministerio público se les acusó de ser beneficiarios de los sobornos de Odebrecht  junto al diputado Alfredo Pacheco (PRM), los entonces senadores Tommy Galán (PLD), Julio César Valentín (PLD), y posteriormente el exsenador y hoy ministro de Interior, Jesús Vásquez (PRM), estos últimos sin ir a prisión. Con la excepción de Galán, estos últimos fueron excluidos del expediente por archivo del ministerio público, al igual que Montás, Sánchez y algunos técnicos inicialmente encartados.

Finalmente el ministerio público acusó a Bautista García, Díaz Rúa, Rondón Rijo, Galán, Pittaluga y Roberto Rodríguez Hernández, de confabularse con Odebrecht para violar las disposiciones sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, entre otros delitos.  

Más de cuatro años después, el expediente se encuentra en juicio de fondo con la presentación de los alegatos de defensa por parte de los abogados de los acusados ante las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El ministerio público ha pedido condenas de 10, 7 y 5 años de prisión para todos los imputados. En el caso de Rondón Rijo solicitó que fuera condenado a 10 años de prisión. Para todos los imputados, los fiscales pidieron una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en provecho del Estado y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso, además de que se le varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

La defensa de todos los acusados, sin excepción, han invocado la inocencia de sus clientes y han pedido su descargo al tribunal que conoce el expediente que inicialmente se conoció en jurisdicción privilegiada por estar en el expediente el entonces senador por San Cristóbal, Tommy Galán.

Los próximos días en juicio debe ser fallado en primera instancia para saber si los acusados son descargados o condenados por el tribunal.

Juicio de fondo finaliza entre hoy y el lunes

El juicio se encuentra en la etapa final en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que integran las magistradas Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo.

Luego de que el pasado martes los representantes del ministerio público hicieran una réplica a los alegatos de clausura expuestos por la defensa de los seis imputados en el juicio de fondo iniciado el 5 de noviembre del año pasado, los jueces permitirán hoy a los abogados de la defensa dar su discurso final durante una hora cada uno.

Tras la conclusión de los abogados de Ángel  Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, el tribunal dispondrá un receso hasta el próximos lunes para que estos puedan expresar unas últimas palabras (si así lo consideran), antes de que las juezas se retiren a deliberar el caso.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que encabeza Wilson Camacho han pedido al tribunal 10 años de prisión para Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), mientras que para Andrés Bautista, expresidente del Senado; Juan Roberto Rodríguez, también exdirector del Inapa, y el exsenador Tommy Galán solicitó cinco años de reclusión.

Para el abogado Conrado Pittaluga solicitaron siete años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos, además del  decomiso de los bienes de todos los imputados.

El expediente fue armado por el ministerio público que encabezó Jean Alain Rodríguez, quien hoy está en la cárcel acusado de operar una red mafiosa desde la Procuraduría General de la República que habría distraído en su provecho miles de millones de pesos del erario.

Rodríguez está en prisión preventiva por 18 meses junto a otros de sus allegados en lo que se ha denominado “Operación Medusa”.

No hay nada todavía

Aunque el expediente Odebrecht se encuentra en juicio de fondo, cuatro años después de la acusación no hay condena en República Dominicana, contrario a lo que ha sucedido en los países de la región, donde connotadas figuras políticas han sido encarceladas y  condenadas por los tribunales.

 En Brasil, donde nació esa siniestra corporación y ensayó sus sobornos políticos desbordantes, la justicia ha hecho pagar el precio de su atrevimiento con el encarcelamiento y condena en tiempo relativamente rápido a los principales ejecutivos de esa constructora y sus alicates políticos.

Los actos se desvelaron con tantos detalles en Brasil que los principales ejecutivos de la constructora fueron condenados y el remesón se llevó de encuentro a su gobernante Dilma Rousseff y a una parte importante del “liderato” político carioca.

Países como Brasil, Ecuador, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia, Argentina… actuaron con responsabilidad contra los mafiosos Odebrecht, y el saldo es evidente: un expresidente peruano suicidado, Alan García; otro encarcelado, Ollanta Humala y esposa, una aspirante presidencial enjuiciada, Keiko Fujimori, entre otros.

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