Medidas migratorias desatan alarma en el sector agrícola y en la industria de la construcción (Ver video)

Santo Domingo, 29 sep (EFE).- El anuncio de la aplicación estricta de una serie de barreras a los trabajadores indocumentados en República Dominicana dejó en vilo desde este miércoles a miles de haitianos, así como a las empresas que emplean a estos inmigrantes.

El Gobierno dominicano concedió un plazo de tres meses para que las empresas se adecuen a las leyes laborales y de inmigración, en especial a la norma que establece que el 80 % de la mano de obra debe ser dominicana, una disposición que está en vigor desde 1992, pero que hasta ahora ha sido papel mojado.

El anuncio, realizado en la noche del martes, causó alarma principalmente en la agricultura y en la construcción civil, sectores en los que buena parte de la mano de obra está compuesta por inmigrantes haitianos en situación irregular.

La decisión se produce en paralelo, además, a la crisis migratoria desatada en todo el continente a raíz del éxodo que están protagonizando los haitianos residentes en Chile y Brasil hacia la frontera sur de Estados Unidos, y mientras Haití está sumergido en su crisis más grave en una década.

MANO DE OBRA HAITIANA

República Dominicana, vecino de Haití en la isla de La Española, es uno de los principales destinos de los emigrantes haitianos, que han acaparado muchos empleos que rechazan los dominicanos, en especial en la agricultura y en la construcción.

Un 29 % de los trabajadores de la construcción en República Dominicana son haitianos, al igual que un 28 % de los empleados en la agricultura, según un estudio publicado el año pasado por el Instituto Nacional de Migración (INM) y por la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).

Según estimaciones de la Asociación para la Construcción y Promoción de la Vivienda (Acoprovi), la mano de obra extranjera llega al 60 % en la primera etapa de la construcción de los edificios, pero ese porcentaje desciende en la fase de acabado, en la que se requiere un mayor nivel de cualificación.

Sin embargo, en cualquier edificio residencial en obras en la capital dominicana, el único idioma que se oye hablar entre los trabajadores es el creole.

AGRICULTURA CON INMIGRANTES

El panorama es muy parecido en el campo, donde el 95 % de los peones son haitianos, según dijo a Efe Manuel Matos, director de la Asociación de Productores Agrícolas del Valle de San Juan, una de las regiones agrícolas más pujantes del país.

Matos aseguró que «jamás» se va a cumplir el límite de 20 % de trabajadores extranjeros que marca la ley, porque los jornaleros dominicanos se han ido a los pueblos a trabajar de taxistas en moto, a pesar de que los salarios en el campo son incluso «superiores» a los que se pagan en la ciudad.

Los productores de la zona, apunta Matos, defienden que el Gobierno lleve a cabo un proceso de regularización, de manera tal que los haitianos no tengan el riesgo «de ser apresados cada vez que salgan a la calle» y el agricultor no se quede sin mano de obra.

UNAS NORMAS DURAS

Sin embargo, las disposiciones anunciadas el martes por el Gobierno contemplan aumentar los controles y aplicar sanciones a los empresarios que incumplan con las normativas una vez pasados tres meses de gracia concedidos para llevar a cabo la regularización.

Las autoridades dominicanas también anunciaron que impedirán el ingreso al país de mujeres embarazadas de más de seis meses, para evitar que sobrecarguen el sistema público de salud.

El coordinador del colectivo #HaitianosRD, Roudy Joseph, dijo a Efe que, con estas medidas, el Gobierno trata de usar a la comunidad haitiana como «chivo expiatorio» de las críticas que recibe por las carencias en la seguridad pública o en salud pública.

«Esto va generar más estigmatización, es un camino peligroso, porque no solamente se va a perseguir a las mujeres que entran sino a las que están aquí. Esto roza con el fascismo», afirmó.

Estas medidas se suman a los planes del presidente dominicano, Luis Abinader, de comenzar ants de fin de año la construcción de una verja fronteriza, con la que pretende frenar la migración irregular, el narcotráfico, el contrabando y el robo de vehículos. EFE