Ministerio de Educación tiene derecho a elaborar sus propios libros de texto, decide el Tribunal Superior Administrativo
Santo Domingo, 11 octubre – El Ministerio de Educación de República Dominicana obtuvo un fallo favorable en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que le permite elaborar sus propios libros de texto. El TSA rechazó un recurso contencioso presentado por la Editorial Casa Duarte en contra de la Ordenanza 03-2023, la cual permitía que el Ministerio de Educación imprimiera los libros de texto a utilizar.
El fallo del TSA, con fecha del 4 de marzo de 2023 y numerado 030-04-2023-SSEN-00745, establece que no se observa ninguna discrepancia entre la Ordenanza 03-2022 y ciertos artículos legales relevantes, como el artículo 63-9 de la Constitución de República Dominicana y los artículos 5 y 6 literal d de la Ley 502-08 del Libro y Bibliotecas. El contenido de la ordenanza no contradice de ninguna manera estas disposiciones legales.
La Editorial Casa Duarte argumentaba que el Ministerio de Educación debía distribuir los libros de texto que ya habían sido aprobados por el Consejo Nacional de Educación, en lugar de incurrir en nuevos gastos al crear nuevos libros a través de su Unidad Editorial. Alegaban que la institución gubernamental había aprobado 402 libros de diecisiete editoras durante el período 2021-2022, por lo que la ordenanza era contraria a la Constitución, la Ley del Libro y Bibliotecas, y la Ley General de Educación.
Por su parte, el Ministerio de Educación sostenía que no estaba incumpliendo ninguna ley ni la seguridad jurídica, y afirmaba que no estaba obligado a adquirir libros de texto de autoría privada. Señalaba que su única obligación consistía en aprobar los libros que cumpliesen con el programa y que la impresión de libros en la institución era una práctica que se llevaba a cabo desde 1996. Además, argumentaba que el artículo 94 de la Ley General de Educación le otorgaba la potestad de elaborar los libros de texto que se utilizarían en el sistema de educación público.
El TSA reconoció el derecho del Ministerio de Educación a editar sus propios libros a partir del presente año y permitió que otras entidades educativas también elaboren sus libros de texto. En su sentencia, el Tribunal Superior Administrativo indicó que la ordenanza del Ministerio de Educación promueve la colaboración con instituciones de la sociedad y busca enriquecer el proceso educativo con aportes externos, lo cual es coherente con el principio de confianza legítima y seguridad jurídica.
El fallo sostiene que la ordenanza no contradice el principio de publicidad de las normas y procedimientos administrativos, tal como se establece en el artículo 3, numeral 7 de la Ley 107-13. Las disputas entre las partes estuvieron en debate durante semanas antes de la emisión de la sentencia.
