Ministerio Público celebra envío a juicio de 35 acusados en Caso Calamar, pero anuncia apelará el “no ha lugar” a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta
Santo Domingo, 30 mayo. – Aunque el Ministerio Público calificó como un importante avance en la lucha contra la corrupción administrativa la decisión judicial que envía a juicio a 35 de los 40 acusados en el expediente de la Operación Calamar, la institución adelantó que apelará el auto de “no ha lugar” emitido a favor de los exministros Gonzalo Castillo Terrero y José Ramón Peralta, al considerar que el tribunal incurrió en una valoración errónea de pruebas fundamentales del proceso.
La postura fue fijada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, tras la decisión emitida por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien ordenó la apertura a juicio contra 35 imputados vinculados a una presunta red de corrupción que, según la acusación, habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$19 mil millones.
Camacho destacó que el hecho de que la gran mayoría de los acusados haya sido enviada a juicio constituye una validación de la investigación realizada por el Ministerio Público y de la solidez de gran parte de las pruebas presentadas durante la fase preliminar del proceso.
“Estamos frente a una decisión que envía a juicio a 35 de las 40 personas acusadas, incluyendo a quien consideramos el eje operativo de esta estructura criminal, el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz”, expresó el funcionario al conversar con periodistas a la salida del tribunal.
Sin embargo, dejó claro que el órgano acusador no está conforme con la exclusión de cinco imputados, entre ellos dos de las principales figuras políticas del expediente:
el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
“Desde este momento podemos anunciar que el Ministerio Público recurrirá esa decisión porque entendemos que existe una errónea apreciación de varias pruebas que fueron aportadas al tribunal”, afirmó Camacho.
La magistrada Ramírez determinó que las evidencias presentadas por la acusación no eran suficientes para justificar una apertura a juicio contra Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena, por lo que dictó un auto de no ha lugar a su favor y ordenó el levantamiento de las medidas de coerción que pesaban sobre ellos.
No obstante, para el Ministerio Público, la valoración realizada por el tribunal presenta contradicciones que deberán ser revisadas por una instancia superior.
Camacho sostuvo que durante la audiencia fueron incorporados testimonios y documentos que comprometían la responsabilidad penal de varios de los favorecidos con el no ha lugar.
Según explicó, el tribunal acogió como válidos los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña, pero posteriormente no realizó una valoración adecuada de esas declaraciones al momento de emitir su decisión.
“Esos testimonios fueron admitidos por el propio tribunal, están registrados en las grabaciones de audiencia y, sin embargo, cuando se dictaron los autos de no ha lugar, prácticamente no fueron ponderados”, señaló.
Asimismo, aseguró que existe documentación que vincula directamente a algunos de los imputados favorecidos con el fallo.
Incluso, afirmó que uno de los acusados beneficiados con el no ha lugar aparece firmando documentos relacionados con varias personas, incluyendo algunas que ya habían fallecido al momento de los hechos investigados.
“Es evidente que existe una contradicción en la valoración probatoria y por eso vamos a recurrir la decisión”, insistió.
A pesar de esas diferencias, el Ministerio Público valoró positivamente que la jueza rechazara las solicitudes de nulidad del proceso y los pedimentos de extinción de la acción penal que habían sido planteados por varias defensas.
La decisión mantiene vivo el núcleo principal del expediente y permitirá que el caso avance hacia la etapa de juicio de fondo.
Entre los principales acusados enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz; el abogado Ángel Lockward y varias de sus empresas; el excontralor general de la República Daniel Omar de Jesús Camacho Santana; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Julián Omar Fernández Figueroa.
También enfrentarán juicio otras decenas de personas señaladas por el Ministerio Público como integrantes de la presunta estructura de corrupción administrativa.
La jueza concluyó que existen suficientes elementos de prueba para que estos imputados respondan ante un tribunal de fondo por los delitos que se les atribuyen.
El expediente sostiene que la red habría operado mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como a través de mecanismos de sobornos, desvío de recursos públicos y financiamiento ilícito de campañas políticas.
Según la acusación, parte de los fondos obtenidos de manera irregular fueron utilizados para financiar actividades electorales vinculadas al proceso presidencial de 2020.
Además, el Ministerio Público sostiene que la estructura desarrolló esquemas fraudulentos relacionados con el pago de deudas estatales y con actividades vinculadas a la regulación de los juegos de azar.
Los imputados enfrentan acusaciones por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas.
Para sustentar esos señalamientos, el órgano acusador aseguró haber presentado más de 1,278 medios de prueba durante la fase preliminar del proceso.
La Operación Calamar fue puesta en marcha el 18 de marzo de 2023 mediante una serie de allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.
En dichos operativos participaron decenas de fiscales, técnicos especializados y cientos de agentes policiales.
El expediente permaneció durante varios años en etapa de instrucción hasta que el pasado 27 de marzo quedó en estado de fallo.
La audiencia para conocer la decisión había sido convocada para las tres de la tarde del viernes, pero la lectura no comenzó hasta pasadas las siete y media de la noche, concluyendo cerca de las once.
Aunque el Ministerio Público considera un éxito haber obtenido la apertura a juicio para 35 acusados, la institución dejó claro que la batalla judicial no ha concluido.
La apelación anunciada contra el auto de no ha lugar otorgado a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros tres imputados anticipa una nueva fase de litigio que podría modificar el alcance definitivo del Caso Calamar, considerado uno de los procesos anticorrupción más importantes y voluminosos de la historia reciente de la República Dominicana.