Ministerio Público concluye solicitud de coerción en Operación Lobo: acusa a militares y civiles de red de sobornos
Santo Domingo, 15 julio. – El Ministerio Público finalizó este lunes la presentación de su solicitud de medida de coerción contra un grupo de militares y civiles presuntamente implicados en la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Lobo, que afectó diversas instituciones públicas a través del pago de sobornos.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), afirmó al salir de la audiencia: “Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de justicia”.
Ortiz reiteró que, a diferencia de otros casos, en este expediente se presentan ambas partes del esquema corrupto, lo que fortalece la acusación del órgano persecutor.
La audiencia, encabezada por el juez Rigoberto Sena de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fue recesada debido a la hora avanzada, y continuará este martes 15 de julio a las 2:00 de la tarde. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los imputados, además de que el caso sea declarado complejo, dada la gravedad y amplitud de los hechos.
El equipo de fiscales, liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, estuvo compuesto también por Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
La Operación Lobo es parte de las acciones del Ministerio Público contra la corrupción administrativa y la impunidad. La investigación reveló un entramado ilícito en el que presuntamente participaron altos oficiales militares y empresarios para asegurar contratos con instituciones públicas, especialmente en el ámbito de la seguridad privada.
Entre los principales implicados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La red habría causado daños económicos y administrativos a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras eléctricas EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, en violación de los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se les imputa la transgresión del artículo 146, numeral 1, de la Constitución, que prohíbe la corrupción administrativa.
En cuanto al lavado de activos, se les acusa conforme a varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, específicamente los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4.
