Ministerio Público denuncia dilaciones provocadas por acusados en el caso Super Tucano
Santo Domingo, 28 agosto — El Ministerio Público de la República Dominicana afirmó este lunes que más del 90% de las demoras en el proceso del caso Super Tucano han sido causadas por los propios acusados de recibir sobornos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para obtener presuntos beneficios como suplidores de aviones Super Tucano.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó las tácticas dilatorias empleadas por las defensas de los acusados. Estos solicitaron al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción penal del caso por vencimiento del plazo máximo.
En el proceso, se encuentran procesados el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); el empresario Daniel Aquino Hernández; y las empresas 4D Business Group y Magycor. En un nuevo juicio, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la sentencia emitida previamente por el Tercer Tribunal Colegiado, que los había descargado.
La procuradora Ortiz explicó que el Ministerio Público respondió a la solicitud de extinción por vencimiento del plazo máximo presentada por los acusados. En su respuesta, el Ministerio Público detalló cómo las dilaciones en el proceso se deben principalmente a las estrategias de los acusados.
El tribunal está evaluando tanto la solicitud de extinción penal como las acusaciones del Ministerio Público. La decisión se ha fijado para el 14 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
La acusación del Ministerio Público señala que los procesados recibieron sobornos por parte de Embraer para asegurar el suministro de ocho aviones de combate Super Tucano en 2007. Se les acusa de violar diversos artículos del Código Penal Dominicano, así como leyes sobre soborno en el comercio y lavado de activos.
En el juicio anterior, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión para los acusados y una multa de US$7 millones para cada uno. También se pidió una multa de 100 salarios mínimos para cada una de las compañías involucradas en el caso.
