Ministerio Público logra un año de prisión preventiva contra cabecillas de red que extorsionaba y estafaba a residentes en Estados Unidos
Santo Domingo, 20 junio. – El Ministerio Público informó que una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso un año de prisión preventiva a cinco de los principales cabecillas de una estructura criminal dedicada a la extorsión, el chantaje y las estafas contra ciudadanos residentes en Estados Unidos, organización desmantelada durante la denominada Operación XL526.
Según explicó el órgano acusador, la magistrada Yiberty Polanco acogió la solicitud presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, disponiendo además que el proceso sea declarado de tramitación compleja debido a la magnitud de la investigación, la cantidad de imputados y víctimas involucradas, así como por los elementos vinculados al crimen organizado y al lavado de activos.
La medida de coerción fue impuesta contra Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracena, identificados por las autoridades como los principales responsables de la organización criminal.
En tanto, el tribunal impuso una garantía económica de 800 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país a los imputados Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Joselín Pichardo Cabrera y Julio Antonio Peralta del Rosario, quienes presuntamente formaban parte de la red desmantelada el pasado 2 de junio.
El equipo litigante que representó al Ministerio Público estuvo encabezado por la procuradora general de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, junto a Joanna García, de la Dirección General de Persecución y responsable de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, así como por los fiscales Elvin Ventura y Lía Collado, encargados de las áreas de Casos Complejos y Delitos Cibernéticos de esa jurisdicción.
De acuerdo con el Ministerio Público, la declaración de complejidad del proceso permitirá profundizar las investigaciones sobre una estructura que operaba como una organización criminal transnacional dedicada a múltiples actividades ilícitas, incluyendo lavado de activos, fraude electrónico, extorsión y obtención ilícita de fondos.
La Operación XL526 fue ejecutada mediante un amplio despliegue encabezado por 35 fiscales, quienes realizaron 28 allanamientos simultáneos en las provincias Santiago y Puerto Plata. Durante el operativo también fueron arrestadas varias personas para fines de investigación.
Las acciones contaron con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y del Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (DEIDET) de la Policía Nacional, así como de agentes de HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención y la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado (FTCO).
Una red con alcance internacional
El Ministerio Público sostiene que los integrantes de la organización desarrollaban de manera sistemática y organizada actividades de estafa, chantaje y extorsión desde territorio dominicano contra ciudadanos estadounidenses. Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas afectadas por las operaciones de la red.
La investigación establece que los fondos obtenidos mediante las actividades fraudulentas eran posteriormente transferidos, ocultados y blanqueados mediante diferentes mecanismos financieros con el propósito de dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos ilícitamente.
Las evidencias reunidas por los investigadores incluyen pruebas testimoniales, periciales y documentales que vinculan a los imputados con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.
Según el expediente, la organización tenía su principal centro de operaciones en el municipio de Jacagua, provincia Santiago, desde donde coordinaba sus actividades criminales aprovechando el dominio del idioma inglés de varios de sus miembros y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.
El modus operandi consistía en captar víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente someterlas a un proceso de intimidación basado en guiones previamente elaborados por los cabecillas de la estructura. Los imputados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales internacionales, incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa, con el objetivo de sembrar temor entre sus víctimas.
Para presionar a las personas extorsionadas, los delincuentes enviaban mensajes amenazantes acompañados de imágenes violentas y escenas de crímenes, exigiendo la entrega de dinero bajo amenazas de causar daños físicos a las víctimas o sus familiares.
El Ministerio Público explicó que los recursos obtenidos eran movilizados mediante transferencias electrónicas, depósitos a través de empresas remesadoras, plataformas de pago digital, transferencias espejo y el uso de criptomonedas, principalmente Bitcoin, mecanismos que permitían ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar el rastreo por parte de las autoridades.
Las investigaciones continúan abiertas mientras el Ministerio Público profundiza las pesquisas para identificar posibles nuevos implicados y determinar la totalidad de los recursos movilizados por esta estructura criminal de alcance internacional.