Ministerio Público pide un año de prisión preventiva para implicados en red de extorsión y estafas desmantelada en la Operación XL526
Santo Domingo, 5 junio. – El Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, desplegada recientemente contra una presunta estructura criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones, chantajes y lavado de activos desde República Dominicana en perjuicio de ciudadanos residentes en Estados Unidos.
La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, que además requirieron que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la cantidad de imputados, víctimas y delitos investigados.
La medida de coerción fue solicitada contra los señalados cabecillas de la organización: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.
Asimismo, el órgano acusador pidió prisión preventiva para Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario, identificados como integrantes de la estructura.
De acuerdo con el Ministerio Público, la complejidad del proceso se justifica por la naturaleza de los hechos investigados, el número de personas involucradas y la presunta existencia de una red de crimen organizado dedicada, además, al lavado de activos, lo que requiere ampliar las pesquisas para profundizar las investigaciones y completar la recolección de pruebas.
La instancia fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, titular interina de la Fiscalía de Santiago; Joanna García Rivas, de la Dirección General de Persecución, y Lía Collado, representante del Ministerio Público en Santiago.
En el documento, los fiscales solicitan al tribunal fijar la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados.
Operativo incluyó 28 allanamientos
La Operación XL526 fue ejecutada por un equipo integrado por 35 fiscales, quienes realizaron 28 allanamientos simultáneos en las provincias Santiago y Puerto Plata. Durante la intervención también fueron detenidas varias personas para fines de investigación.
Las acciones contaron con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y del Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, así como de HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado (FTCO).
Presunta red internacional de estafas y chantajes
Según la investigación del Ministerio Público, la organización operaba de manera estructurada y sistemática desde el municipio de Jacagua, en la provincia Santiago, dedicándose a la comisión de delitos de alta tecnología, estafas, chantajes, extorsiones y obtención ilícita de fondos.
Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas afectadas por las operaciones de la red.
La investigación sostiene que los miembros de la organización utilizaban herramientas tecnológicas avanzadas y se comunicaban en inglés para contactar a ciudadanos en Estados Unidos y otros países.
El modus operandi consistía en captar víctimas mediante anuncios publicitarios y, posteriormente, someterlas a procesos de intimidación y chantaje siguiendo guiones previamente diseñados por los líderes de la estructura.
De acuerdo con el expediente, los imputados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales internacionales, incluyendo el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de infundir temor en las víctimas y obligarlas a entregar dinero. Para reforzar las amenazas, enviaban imágenes de hechos violentos y crímenes horrendos.
Lavado de activos y uso de criptomonedas
El Ministerio Público sostiene que los recursos obtenidos mediante estas actividades ilícitas eran posteriormente transferidos, ocultados y blanqueados a través de diversos mecanismos financieros con el objetivo de aparentar legalidad.
Entre los métodos utilizados para movilizar los fondos figuran transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos mediante empresas remesadoras, plataformas de pago digital y el uso de criptomonedas, incluyendo Bitcoin.
Las autoridades indicaron que las pruebas testimoniales, documentales y periciales recopiladas hasta el momento vinculan a los imputados con delitos de asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas, delitos de alta tecnología y uso ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público aseguró que continuará ampliando las investigaciones para determinar la magnitud de las operaciones de la red y establecer posibles vínculos con otras estructuras criminales internacionales.