Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva contra médico acusado de violación en centro de salud
Santo Domingo, 20 Feb. – El Ministerio Público solicitó la imposición de tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el médico Wilver Armando Polanco Sanz, acusado de violar sexualmente a una mujer que acudió a realizarse una sonografía pélvica en su centro de salud, ubicado en el municipio Las Guáranas, provincia Duarte.
De acuerdo con la solicitud presentada por el órgano acusador, los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero, alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la víctima, una ciudadana haitiana, fue referida desde una policlínica del sector Los Limones, en el municipio de Pimentel, para practicarse el estudio diagnóstico en el centro médico propiedad del imputado.
El Ministerio Público detalla que, en un inicio, el procedimiento transcurrió con normalidad; sin embargo, minutos después, el médico comenzó a mostrar un comportamiento inadecuado y fuera de los protocolos profesionales, culminando —según la acusación— en la agresión sexual contra la paciente.
Tras la denuncia oral inmediata presentada por la víctima ante la Policía Nacional, agentes policiales procedieron al arresto del imputado alrededor de las 10:45 de la mañana del mismo día 17 de febrero de 2026.
Durante el curso de la investigación, el Ministerio Público informó que se han recolectado evidencias que corroboran la veracidad de la denuncia. Asimismo, indicó que, al depurar los antecedentes del médico Polanco Sanz, se identificó su presunta vinculación con otros hechos de naturaleza similar, lo que —según el órgano persecutor— evidenciaría un patrón de conducta.
La acusación sostiene que en este caso se configura el delito de violación sexual agravada, en razón del abuso de autoridad derivado de su condición de médico, lo que implica una relación de confianza y una posición de poder frente a la paciente.
Además, el Ministerio Público subraya la situación de particular vulnerabilidad de la víctima, quien es extranjera y se encuentra en condición migratoria irregular, circunstancia que, a juicio de los fiscales, la coloca en mayor riesgo de explotación y revictimización.
El órgano acusador también argumenta que la reiteración de conductas similares en perjuicio de otras pacientes agrava la responsabilidad penal del imputado y justifica la imposición de las sanciones máximas previstas en la legislación vigente.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación sexual y violencia contra la mujer, en violación a los artículos 330, 331 y 309-1 del Código Penal Dominicano.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Duarte, representada por la fiscal Sandra Sierra Difó, quien requirió la aplicación de la prisión preventiva contemplada en el numeral 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal, y que la misma sea cumplida en la fortaleza de la provincia Duarte.
El conocimiento de la solicitud fue aplazado por la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte, quien fijó para el próximo 23 de febrero la continuación de la audiencia, con el objetivo de realizar una entrevista a la víctima mediante el sistema de Cámara Gesell.
El tribunal deberá decidir en la nueva fecha si acoge o no la petición del Ministerio Público de imponer la medida de coerción privativa de libertad contra el imputado mientras avanzan las investigaciones del caso.
