Mis apuntes preliminares sobre la Operación Calamar
Millizen Uribe
La impunidad ha sido una de las características transversales en la historia dominicana. Tanto así que pese a vivir una de las dictaduras más cruentas (la de Trujillo), en el país sigue pendiente el establecimiento de una Comisión de la Verdad.
Como consecuencia, la cultura del borrón y cuenta nueva entró en el tuétano de la dominicanidad.
No obstante, cada época tuvo sus héroes y heroínas: Trinitarios; Restauradores; Movimiento 1J4; Hermanas Mirabal; héroes y heroínas de Abril de 1965; Caamaño; y movimientos estudiantiles de la UASD, entre otros.
Y pese a que tras la represión contra jóvenes y estudiantes llevada a cabo durante los Gobiernos de Balaguer hubo décadas pérdidas a nivel de movilización social, a principios del 2000, calles, parques y plazas comenzaron a llenarse de jóvenes inquietos.
Aquellos vientos trajeron estas tempestades que permitieron un renacer moral, social y ético de la sociedad dominicana y que se tradujo en altos niveles de intolerancia hacia la corrupción y la impunidad.
Para muestra, un botón. El 17 de enero de 2017 la ciudadanía, no un partido o un grupo en particular, comenzó a escribir las páginas de una nueva historia.
La Operación Calamar que puso en marcha el Ministerio Público responde a los reclamos ciudadanos de investigar denuncias e irregularidades en el manejo de la cosa pública, sin importar quienes son sus responsables.
Recordemos que en su informe “La Corrupción Sin Castigo”, Participación Ciudadana analizó 227 casos graves, 2000-2013, de los cuales sólo 6 tuvieron sentencias definitivas. Pero ahora estamos ante hechos sin precedentes en la historia moderna.
Quienes se beneficiaron de tal impunidad recurrirán a frases gastadas como persecución política e inclusive, por lo sucedido ayer en el Palacio de Justicia, se estaría apostando a la desestabilización social.
Quienes no tenemos colores ni corruptos favoritos debemos respaldar que se investigue sin prejuicios y que si se demuestra culpabilidad haya un real régimen de consecuencias, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.
Ahora bien, lo que no se debe es creer que aquí hay personas que por su poder o fortuna no deben investigarse. La ley debe ser igual para todos y todas.
En este sentido, pues, honor a quien honor merece. Manifestar mi respeto a un Ministerio Público valiente que se ha atrevido a más y honor la ciudadanía que con sus pasos trazó el camino de la esperanza a un nuevo país, donde cada vez hay menos vacas sagradas.
