Nicaragua, ¿un caso de “sigilocracia”?

Rolkin Lorenzo Jiménez

En su más reciente libro, “La revancha de los poderosos”, Moisés Naím, emplea el término “sigilocracia” para hacer referencia al hecho de que en este siglo las dictaduras ya no suelen instaurarse mediante violentas asonadas militares, sino más bien por líderes elegidos democráticamente que, una vez en el poder, sigilosamente, y siguiendo rituales democráticos, desmontan los elementos sustanciales de la democracia constitucional. El escritor venezolano cita como ejemplo el registrado en su país a partir de 1999 con Hugo Chávez.

El método “sigilocrático” practicado por Chávez fue luego emulado por otros dirigentes latinoamericanos que se adhirieron a las ideas del denominado “socialismo del siglo XXI”. Un ejemplo de esto es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien en los últimos meses es noticia por las denuncias de concentración de poder y los arrestos, expulsiones y desnacionalizaciones de políticos opositores.

Como es conocido, Ortega fue de los comandantes que en 1979 lideró la triunfante revolución sandinista que puso fin a la dictadura dinástica de la familia Somoza. Desde ese año, Ortega encabezó el gobierno revolucionario, el cual tuvo que hacer frente a una contrarrevolución financiada por Estados Unidos, situación que sumió a Nicaragua en un cruento conflicto armado.

En 1990, como resultado de los acuerdos de paz auspiciados por los entonces presidentes de Costa Rica y Guatemala, Oscar Arias y Vinicio Cerezo, respectivamente, el país centroamericano logró canalizar el conflicto político por la vía de las urnas, y, para sorpresa de muchos, Ortega y el sandinismo fueron derrotados en su intento de legitimarse electoralmente.

Entre 1990 y 2006 Nicaragua fue dando forma a su imperfecta democracia, característica connatural de este sistema. En 2006, después de tres derrotas electorales consecutivas, Daniel Ortega retorna al poder, promoviéndose como un político moderado, incluso, su partido se había adherido a la Internacional Socialista, organización global que agrupa a partidos democráticos de centroizquierda. Sin embargo, desde su retorno al poder el comandante Ortega dio señales que desdecían de su nueva inclinación por la democracia representativa.

El primer paso fue incorporar al país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), conformada por Estados latinoamericanos dirigidos por Gobiernos con serios cuestionamientos en materia de libertades públicas, como Cuba y Venezuela.

Durante las casi dos décadas de democracia, el orden constitucional nicaragüense prohibió la reelección presidencial, a nuestro modo de ver, impedimento fundamental para un país con una insipiente democracia y un alto historial autoritario. Esto fue eliminado por Ortega a partir de 2011, cuando logró que la Corte Constitucional emitiera una decisión en la que, haciendo una cuestionable interpretación del fin de la limitación a los mandatos presidenciales, entendió que el principio de no reelección vulneraba el derecho al sufragio en el sentido pasivo (ser elegible). Este criterio jurisprudencial fue posteriormente reforzado con una reforma constitucional que estableció la reelección indefinida.

El siglo XXI parece haber cambiado la táctica para erigirse en autócrata. Como lo demuestra el caso de Nicaragua, en los tiempos actuales, la principal amenaza a las democracias no viene de intentonas golpistas, sino de la dirigencia política con vocación autoritaria, pero con un camuflaje democrático mientras está en su rol de opositor.