Nuevas muertes de reclusos políticos agravan cuestionamientos sobre sistema carcelario venezolano
Caracas, 18 mayo. — La reciente muerte de varios reclusos bajo custodia del Estado venezolano ha reavivado las denuncias sobre las condiciones del sistema penitenciario y el manejo de los presos políticos en Venezuela, en medio de acusaciones de silencio oficial, falta de información a las familias y presuntas violaciones a los derechos humanos bajo la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez.
Uno de los casos que más conmoción ha generado en los últimos días es el de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció este domingo apenas días después de haber sepultado a su hijo, cuya muerte fue confirmada oficialmente tras meses de incertidumbre y denuncias sobre su desaparición.
La información fue confirmada a CNN por la persona que cuidaba a la mujer de 82 años, quien durante más de un año recorrió cárceles, protestas y oficinas oficiales exigiendo respuestas sobre el paradero de su hijo.
La organización no gubernamental Foro Penal lamentó el fallecimiento de Carmen Navas y destacó su perseverancia en la búsqueda de justicia.
“Su entereza, su dignidad y su perseverancia frente al silencio y la incertidumbre fueron ejemplo de la fuerza de las madres y familiares de las víctimas en Venezuela”, expresó la entidad en un comunicado divulgado en redes sociales.
Víctor Hugo Quero, de 50 años, permanecía detenido desde el 3 de enero de 2025 en el Centro Penitenciario Rodeo I. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario confirmó el pasado 7 de mayo que el recluso había fallecido el 24 de julio de 2025, apenas seis meses después de su encarcelamiento.
La revelación oficial puso fin a meses de incertidumbre para sus familiares, quienes denunciaban que las autoridades se negaban a ofrecer información sobre su situación.
“Que me den fe de mi hijo, ¿dónde me lo tienen? Si está vivo… porque desde que lo apresaron no lo he visto una sola vez”, reclamó Carmen Navas el pasado 4 de mayo durante una manifestación en la Plaza Altamira de Caracas, mientras sostenía una fotografía de su hijo.
Según relató la propia mujer antes de morir, ninguna autoridad le ofrecía respuestas claras sobre el paradero de Víctor Quero, comerciante de profesión y principal sostén económico de la familia, acusado de terrorismo, cargos que sus allegados rechazaban.
“Para una madre es demasiado difícil que le nieguen dónde se encuentra su hijo”, expresó en una de sus últimas declaraciones públicas.
Tras confirmarse la muerte del detenido, el Ministerio Público ordenó la exhumación del cuerpo y anunció una investigación penal para determinar las causas del fallecimiento. La Defensoría del Pueblo también informó que revisará posibles responsabilidades y garantizará el debido proceso.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores cuestionan la falta de transparencia de las autoridades y el patrón repetitivo de muertes de detenidos bajo custodia estatal.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa afirmó que durante más de un año “se burlaron cínicamente del dolor de una madre que buscaba a su hijo en las cárceles de la dictadura”.
El caso de Víctor Quero se suma a la muerte reciente del exconcejal José Manuel García Sabino, hallado sin vida dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, a unos 400 kilómetros de Caracas.
Su padre, José Manuel García, exigió públicamente una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del fallecimiento.
“No se sabe si se ahorcó o lo ahorcaron (…) Yo pido que estas investigaciones lleguen a dar con la verdad”, declaró a la AFP.
El familiar denunció además que en Venezuela se han vuelto frecuentes los casos de muertes de personas bajo custodia policial.
“Esto no puede quedar así. Se están dando repetitivos casos bajo custodia de la misma policía y ya nos estamos dando cuenta de que se está haciendo como una costumbre”, sostuvo.
El exfiscal venezolano Zair Mundaray, actualmente en el exilio, aseguró que García Sabino había denunciado presuntos hechos de corrupción en la alcaldía y calificó su arresto como “claramente político”.
De acuerdo con cifras de Foro Penal, con estas muertes suman al menos 20 los presos políticos fallecidos bajo custodia estatal en Venezuela desde 2014.
Las denuncias de familiares y organizaciones humanitarias vuelven a colocar bajo escrutinio internacional la situación del sistema penitenciario venezolano, marcado —según activistas— por hacinamiento, falta de garantías procesales y restricciones de información a los familiares de los detenidos.
Mientras tanto, las autoridades venezolanas mantienen escasas declaraciones públicas sobre los casos más recientes, situación que ha incrementado los cuestionamientos de sectores opositores y defensores de derechos humanos.