Nuevos deportados

Por Bernardo Vega

Desde hace más de treinta años el país está recibiendo a dominicanos deportados desde los Estados Unidos después de haber cumplido sus sentencias en las cárceles de ese país por infracciones mayormente vinculadas al tráfico de drogas. Pero ahora nos llegarán otros tipos de deportados desde ese mismo origen.

El gobierno de Donald Trump ha firmado acuerdos con, por lo menos, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y El Congo y ahora acaba de suscribir uno con nuestro país para poder deportar a ciudadanos de terceros países para que, desde aquí, logren retornar a sus países de origen, o trasladarse a otra nación. El acuerdo excluye haitianos, menores de edad sin acompañantes y personas con antecedentes penales.

Sin embargo, la experiencia ha sido triste. En el caso de El Congo allí llegaron unos cinco centroamericanos quienes nunca habían estado en el continente africano. En el caso de Costa Rica los primeros 25 salieron desde ese país en abril siendo ciudadanos de Camerún, la India, China, Albania, Kenia, Marruecos, Guatemala y Honduras. El gobierno costarricense ha aceptado recibir hasta 200 personas que puedan quedarse temporalmente mientras se organiza su retorno a sus países de origen. Originalmente las deportaciones a Costa Rica incluían a niños y adolescentes, pero eso fue excluido en el caso dominicano. Poco menos de la mitad de los expulsados a Costa Rica han aceptado no retornar a su país de origen. Presumiblemente pedirán quedarse entre los ticos.

En el caso de Panamá, en un reciente vuelo chárter, 81 personas de Camerún, Nepal, Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka y la India fueron deportadas. Hasta ahora suman 1.986 personas. El gobierno norteamericano ha entregado fondos para cubrir hasta 48 vuelos chárter. Se hospedaban en un hotel, pero luego fueron trasladados a la inhóspita zona de El Darién.

En Guatemala el año pasado el presidente Bernardo Arévalo anunció que su país recibiría indocumentados de terceros países desde Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que no se convertiría en un «tercer país seguro».

El caso extremo ha sido El Salvador, cuyo presidente, para complacer a Trump, acepta recibir criminales para encerrarlos en su famosa cárcel de extrema seguridad.

Una de las razones por las cuales Estados Unidos ha estado presionando para lograr acuerdos de este tipo es para reducir el uso de las cárceles temporales en ese país, dadas las muchas críticas recibidas por los maltratos ocurridos allí. La semana pasada el estado de la Florida anunció el cierre de la cárcel «Alcatraz cocodrilo».

Una vez llegados al país donde han sido deportados, no es fácil para esas personas conseguir visas para trasladarse a terceros países, y muchos no quieren volver a su país de origen por el temor de ser perseguidos por problemas étnicos, religiosos, políticos y de orientación sexual, entre otros.

Hace 15 meses el presidente Abinader declaró: «Nosotros no tenemos obligación ni aceptaremos recibir personas de otro país», y, tres días después, Marco Rubio declaró a Alicia Orega que Estados Unidos no le pediría al país recibir deportados porque ya enfrenta una oleada masiva de inmigrantes haitianos. Pero, obviamente, Washington presionó, y, al igual que Centroamérica, la República también tuvo que ceder.

Esperamos que, a cambio de aceptar esa presión norteamericana, el gobierno dominicano haya logrado los aspectos básicos de su agenda bilateral: que Estados Unidos se comprometa definitivamente a financiar las tropas que lucharán contra las bandas en Haití, y que el Congreso de ese país apruebe definitivamente la extensión de la Ley Hope, bajo la cual operarían zonas francas que, al emplear a muchos haitianos, quitarían presión para migrar hacia nuestro país. En el aspecto puramente bilateral está pendiente la negociación sobre los aranceles que pagan los productos dominicanos que llegan a Estados Unidos. El tiempo pasa, pero no se llega a un acuerdo. Se sabe que el sector privado dominicano, al igual que en los tiempos de Trujillo, ha contratado a un cabildero para acelerar el proceso.

Pero, el jueves pasado, un juez federal ordenó la devolución de una de las personas que había sido deportada a El Congo y que ese país rehúsa aceptar, lo que ha creado la duda sobre si son legales o no las medidas bajo ese programa. Presumimos que el asunto llegará a la Suprema Corte de Justicia.

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