Oposición advierte sobre posible crisis política postelectoral debido a recorte de fondos a partidos políticos
Santo Domingo, 12 de marzo – Los principales candidatos presidenciales de la oposición, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas, emitieron una advertencia conjunta el día de ayer, señalando que la actitud del Gobierno central de supuesto uso de los recursos públicos y recorte de fondos destinados a los partidos políticos podría desencadenar una «profunda crisis política postelectoral de graves consecuencias» para la República Dominicana.
En un documento presentado ante la Junta Central Electoral (JCE) dirigido a los miembros del pleno, los candidatos presidenciales de la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) expresaron su preocupación sobre la asignación de los fondos correspondientes a los partidos políticos en el contexto de la campaña electoral de 2024.
Según los candidatos opositores, el gobierno central no ha asignado los fondos correspondientes del 0.5% de los ingresos fiscales, que para este año deberían ascender a RD$5,111,750,000. Sin embargo, denuncian que el Ministerio de Hacienda está intentando recortar la mitad de estos fondos, lo cual consideran una violación flagrante de la Constitución.
«El Gobierno pretende recortar a la mitad estos fondos, violando de manera descarada la Constitución y la Ley del Régimen Electoral, con la evidente intención de asfixiar a los partidos de oposición y crear condiciones para una competencia electoral totalmente desequilibrada, limitando considerablemente la expresión de la voluntad popular», afirma el documento firmado por Vargas, Fernández y Martínez.
Los partidos también expresan su descontento porque, además del recorte de fondos, la JCE asignó los recursos rompiendo la tradición de entregarlos entre enero y abril en años electorales.
«Requerimos a la Junta Central Electoral que asuma un papel más activo en las exigencias al Gobierno central para que cumpla con su responsabilidad de disponer los fondos establecidos en la ley y que la entrega se realice a más tardar 30 días antes de las elecciones, como ha sido costumbre en los años electorales», demandan.
Además, destacan la importancia de que las cuestiones relacionadas con el monto asignado y su distribución sean respetadas de manera irrestricta, y rechazan la actitud antidemocrática del Gobierno central y la violación de los derechos reconocidos por la ley sobre el financiamiento público de los partidos políticos en años electorales.
El documento también acusa al gobierno de utilizar con fines electorales instituciones estatales como el Plan Social de la Presidencia, Supérate y programas sociales como el Bono Escolar, hecho que, según señalan, quedó evidenciado en el informe de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
