Oposición rechaza propuesta del Gobierno de reducir fondos a partidos y advierte riesgos para la democracia
Santo Domingo, 2 mayo. – La propuesta del Gobierno de reducir a la mitad el presupuesto destinado a los partidos políticos para el año 2026, como respuesta a la crisis económica derivada del conflicto en Medio Oriente, ha generado un amplio rechazo de organizaciones opositoras, que califican la medida como una amenaza para la estabilidad democrática y el equilibrio político del país.
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo como un sacrificio necesario de la clase política para financiar subsidios sociales y enfrentar el impacto económico internacional, ha sido interpretada por sectores opositores como una maniobra orientada a debilitar financieramente a los partidos contrarios al oficialismo.
En el sistema político dominicano, el financiamiento público de las organizaciones partidarias constituye una herramienta diseñada para reducir la influencia del dinero ilícito y de grandes intereses privados en la actividad política. Por ello, el planteamiento de reducir esos recursos ha reabierto el debate entre la necesidad de ahorro estatal y la preservación de la integridad democrática.
Representantes del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, Opción Democrática y Alianza País coincidieron en rechazar la propuesta, calificándola como “una amenaza directa a la estabilidad nacional”.
El delegado de la Fuerza del Pueblo, Javier Hubiera, sostuvo que los partidos ya operan bajo importantes limitaciones financieras y advirtió que reducir el presupuesto al equivalente de un 25 % efectivo de los recursos establecidos por ley provocaría una crisis legal y operativa, debido a los compromisos contractuales asumidos por las organizaciones políticas a largo plazo.
Desde el PLD y Opción Democrática también se cuestionó la falta de consenso previo para impulsar la medida. Johnny Pujols y José Horacio Rodríguez coincidieron en considerar el anuncio como una acción “populista”, alegando que busca desviar la atención de lo que califican como ausencia de austeridad en áreas del gasto gubernamental, entre ellas la publicidad oficial y los viáticos.
El debate se concentra ahora en la Ley 99-25 de Presupuesto, ya que para materializar la reducción propuesta sería necesario modificar una ley orgánica en medio de un escenario político marcado por la polarización.
Actualmente, el financiamiento público a los partidos asciende a RD$1,620 millones, monto que, aunque significativo, representa una proporción mínima frente a los aproximadamente RD$40,000 millones que el Gobierno busca optimizar mediante medidas de ajuste fiscal.
Analistas consideran que el conflicto trasciende el aspecto económico y se sitúa en el terreno de la legitimidad política, debido a que sectores de oposición entienden que el Gobierno ha deteriorado los espacios de diálogo y consenso construidos apenas el pasado mes de abril.
La Ley de Partidos Políticos establece el financiamiento estatal como un derecho orientado a garantizar la equidad en las competencias electorales y la transparencia del sistema democrático.
Especialistas advierten que una reducción drástica de esos recursos podría empujar a las organizaciones políticas a buscar financiamiento en sectores menos transparentes, aumentando los riesgos de corrupción y debilitando los mecanismos de control dentro del sistema político nacional.
