Paren los atropellos policiales contra los ciudadanos
Yudelis Méndez
Durante el gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se están cometiendo abusos masivos contra la población, agravados porque violan flagrantemente los derechos humanos, la Constitución, las leyes y las disposiciones judiciales que sientan precedentes que deben respetarse.
Las redadas que realiza la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para arrebatar motocicletas a personas trabajadoras, está desbordando los límites de la prudencia.
Pese a las sentencias TC-0048, TC-0061-25, TC-0083-25 del Tribunal Constitucional que disponen que la Digesett no tiene facultad para retener vehículos que no forman parte de un proceso judicial en curso, todos los días ese cuerpo policial despoja a ciudadanos que se desplazan en motocicletas.
Lo peor es que aunque las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos, los agentes del tránsito las violan cotidianamente ante los ojos de los funcionarios públicos, los fiscales y los ministros como si ellos estuvieran por encima de la ley.
En ocasiones me preguntó que pretende el gobierno de Abinader con las motocicletas que les quita a agricultores que van a su parcela, ¿acaso piensa establecer una agencia de venta de repuestos?
Aunque un caso muy sonado fue el del alcalde de Las Matas de Farfán, Gustavo Suero, que tuvo que ir personalmente a enfrentarse con los agentes de Digesett para que dejen de meter en zozobra a los agricultores de ese municipio, el despojo masivo de vehículos se repite en todo el territorio nacional.
Todos los alcaldes del país deben darse a respetar e impedir que los policías mantengan una persecución ilegal contra personas que no representan una amenaza para el tránsito.
Una de las atribuciones principales de los alcaldes es proteger a su gente de abusos y arbitrariedades contra los ciudadanos, burlándose de la Constitución que establece el derecho de propiedad y el libre tránsito.
Otro abuso que se está cometiendo la Policía Nacional, cada día, en todo el país, es arrebatarle la música a vehículos o incautar bocinas a personas que disfrutan sanamente, la mayoría de los casos en familia o con vecinos.
Mientras las patrullas van derecho a negocios, patios de viviendas y hasta estadios a quitar bocinas de música, los asaltantes y ladrones de todo tipo continúan despojando a los ciudadanos, especialmente a mujeres y niños, de sus carteras, celulares y prendas.
Si los policías del tránsito se dedicaran a hacer su trabajo como manda la ley, los tapones y los accidentes disminuyeran, de la misma manera que si las patrullas preventivas salieran a las calles a poner orden y no a molestar, disminuiría el crimen y las personas pudieran caminar sin temor a un atraco o a una muerte violenta.
Con las acciones que realizan los policías del tránsito el gobierno les está quitando la comida a las familias que dependen del trabajo que hacen los padres en su motocicleta.
Hago un llamado a todos los sacerdotes, pastores, dirigentes culturales y sociales a que reclamen respeto para las personas que transitan en motores sin hacer daño a nadie y que la Digesett está abusando con ellas.
Estas acciones abusivas tienen que terminar porque además de la carestía de los alimentos, las medicinas, los pasajes, los combustibles, los alquileres, al pueblo dominicano no se puede tener bajo espanto, poniéndole multas y quitándoles su motor que constituye su único medio de vida.
