Participación Ciudadana cuestiona decisión del Gobierno sobre fondos para partidos; JCE canaliza recursos a entidades políticas
Santo Domingo, 12 abril – El movimiento Participación Ciudadana (PC) criticó la decisión del Gobierno de asignar fondos no consignados en el Presupuesto del Estado a los partidos políticos, calificándola de ilegal y potencialmente perjudicial para el país en el futuro.
(En fuentes partidarias trascendió este viernes que la Junta Central Electoral canalizó la noche del jueves las partidas económicas que les corresponde a cada partido político reconocidos, despues de recibir la asignación presupuestaria del gobierno. El desembolso se hizo efectivo a eso de las 10:00 de la noche de este jueves)
En un comunicado emitido ayer, PC rechazó enérgicamente cualquier medida que se base en violaciones a las leyes, especialmente cuando estas beneficien a los mismos que tienen el poder legal para crearlas y hacerlas cumplir.
El colectivo cívico argumentó que la asignación de fondos no presupuestados para financiar a los partidos políticos en 2024 no es un error u omisión, sino una reducción aplicada a varias instituciones debido a la insuficiencia de ingresos estatales para las asignaciones establecidas por leyes especiales.
PC señaló que, a lo largo de las últimas décadas, todos los gobiernos han tomado esta decisión en acuerdo con el Congreso Nacional, ya que no han mostrado voluntad para llevar a cabo una reforma fiscal que aumente los ingresos, ni para buscar consenso en la reforma de las leyes especiales que establecen porcentajes fijos del presupuesto.
El movimiento subrayó que esta decisión del Poder Ejecutivo viola el principio de especialidad cualitativa, según el cual los recursos deben utilizarse para los fines establecidos en el presupuesto, tal como lo establece la Ley Orgánica de Presupuesto.
Además, PC enfatizó que el uso de recursos destinados a otros fines en el presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE) es ilegal y que hacerlo bajo el compromiso del Ejecutivo de restablecer esos fondos equivale a pasar por encima del Congreso Nacional, lo cual es inaceptable desde el punto de vista constitucional y legal.
