PLD denuncia supuestas amenazas a la libertad de expresión y cuestiona nuevas disposiciones legales

Santo Domingo, 23 junio.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este lunes su preocupación por lo que considera una serie de iniciativas legislativas y normativas que, a su juicio, podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión, el trabajo de la prensa y el derecho de los ciudadanos a denunciar hechos de interés público.

La posición fue fijada durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, encabezada por el vicepresidente de la organización, Iván Lorenzo, acompañado por la también vicepresidenta Zoraima Cuello; el secretario de Asuntos Jurídicos y miembro del Comité Político, José Dantés Díaz; así como Héctor Olivo y Joselito Féliz, dirigentes vinculados a las áreas de comunicación del partido.

Durante el encuentro, los dirigentes peledeístas sostuvieron que varias disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales generan inquietudes sobre posibles restricciones a derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

El PLD afirmó que observa con preocupación lo que considera señales orientadas a limitar la libre difusión de ideas y opiniones, advirtiendo que cualquier intento de restringir el debate público o el derecho de los ciudadanos a expresar sus puntos de vista debe ser objeto de un amplio análisis y discusión nacional.

La organización política recordó que distintos sectores de la sociedad han expresado reservas sobre algunos aspectos de las referidas normativas, especialmente en lo relativo a su impacto sobre periodistas, comunicadores, creadores de contenido digital, influenciadores y ciudadanos que utilizan plataformas tecnológicas para divulgar informaciones o realizar denuncias de interés público.

Según expusieron los dirigentes opositores, ciertas disposiciones podrían derivar en sanciones penales que afectarían no solo a profesionales de la comunicación, sino también a cualquier ciudadano que participe en investigaciones, denuncias o procesos de fiscalización social mediante el uso de medios tradicionales o digitales.

El PLD señaló que estas preocupaciones adquieren mayor relevancia ante la entrada en vigencia del nuevo Código Penal prevista para agosto próximo, así como por la aplicación de la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia y el debate que continúa alrededor del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.

Asimismo, la organización argumentó que cualquier disposición que contemple penas privativas de libertad vinculadas a expresiones, opiniones o denuncias públicas debe analizarse a la luz de los precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional, que en decisiones anteriores eliminó las sanciones de prisión para determinados delitos relacionados con la difamación y la injuria.

Los dirigentes peledeístas reiteraron que la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la crítica constituyen pilares esenciales de un sistema democrático y llamaron a que cualquier reforma legal en estas materias garantice plenamente los derechos fundamentales de periodistas, comunicadores y ciudadanos en general.

Al partido le preocupa particularmente que figuras penales redactadas de forma ambigua, sanciones que incluyen privación de libertad para determinadas expresiones y facultades amplias de inteligencia estatal puedan generar un ambiente de temor, autocensura e incertidumbre incompatible con las garantías consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República.

Recuerda que, mediante la Sentencia TC/0075/16, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales disposiciones de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento que establecían sanciones penales por difamación e injuria contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Posteriormente, mediante la Sentencia TC/1148/25, reafirmó criterios orientados a impedir que la privación de libertad sea utilizada como mecanismo de restricción del ejercicio de la libertad de expresión.

Asimismo, el nuevo Código Penal introduce la figura de “ultraje a funcionarios” en los artículos 309 al 311. La amplitud de su redacción y la severidad de las sanciones previstas generan una preocupación legítima sobre su eventual utilización para restringir críticas, cuestionamientos o expresiones dirigidas a quienes ejercen funciones públicas.

La protección del honor y la dignidad de los funcionarios es un objetivo legítimo. Sin embargo, en una sociedad democrática, dicha protección debe armonizarse con el derecho de la ciudadanía a cuestionar, investigar, denunciar y fiscalizar el ejercicio del poder público.

Por ello, entendemos que la Ley 1-26 debe ser objeto de revisión en aquellos aspectos que pueden generar incertidumbre respecto de los límites de actuación de la autoridad o afectar garantías constitucionales vinculadas a la libertad de expresión, la protección de fuentes periodísticas y el derecho de los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos.

En consecuencia, el Partido de la Liberación Dominicana propone: que el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que recientemente perimió en el Senado de la República, sea ampliamente debatido en el seno del Consejo Económico y Social (CES) antes de cualquier eventual reintroducción en el Congreso Nacional, garantizando la participación de periodistas, medios de comunicación, académicos, juristas y organizaciones de la sociedad civil.

También que antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que se elabore y se someta, urgente, un proyecto de ley que adecúe los artículos 208 al 213 y las disposiciones relativas al denominado “ultraje a funcionarios” contenidas en el nuevo Código Penal, a los principios consagrados en la Constitución de la República y a la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, eliminando toda posibilidad de privación de libertad por expresiones amparadas por la libertad de expresión y garantizando una regulación precisa, proporcional y compatible con el debate democrático, entre otros.

Y que se revise la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), particularmente en lo relativo a la definición de los intereses y objetivos nacionales, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión institucional y la ampliación de las garantías para la protección de fuentes periodísticas, el secreto profesional y los derechos fundamentales de los ciudadanos.