PLD denuncia trato desigual del Ministerio Público y acusa al Gobierno de manipular la justicia con fines políticos

Santo Domingo, 8 diciembre. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó este lunes al Ministerio Público de actuar con una clara parcialidad política, utilizando el sistema judicial como instrumento de persecución contra la oposición y de protección al oficialismo.

Según sus dirigentes, se trata de una “justicia selectiva y políticamente orientada” que favorece al Partido Revolucionario Moderno (PRM) mientras castiga con dureza a dirigentes del PLD y a ciudadanos sin vínculos con el poder.

La denuncia fue presentada durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, encabezada por el vicepresidente del partido, Yván Lorenzo, quien estuvo acompañado por Temístocles Montás, también vicepresidente del PLD, y José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos y miembro del Comité Político.

Lorenzo manifestó que el Ministerio Público actúa con un doble estándar, dependiendo del partido político al que pertenezcan los investigados. Afirmó que mientras a los vinculados al PRM se les trata con suavidad, discreción y respeto pleno a sus derechos, a los miembros o allegados al PLD se les somete a procesos humillantes y espectaculares, cargados de escarnio público y condenas mediáticas anticipadas.

En ese sentido, criticó que cuando se trata de casos relacionados con el oficialismo, no se producen allanamientos televisados ni operativos de madrugada. Tampoco se filtran informaciones a la prensa ni se convocan medios por parte del Ministerio Público. Indicó que en esos casos se respetan todas las garantías procesales, no hay humillación pública, y los expedientes se manejan con absoluto hermetismo, sin escándalos ni juicios anticipados.

Contrario a eso, explicó que cuando las investigaciones involucran a dirigentes del PLD o a ciudadanos sin vínculos con el PRM, el Ministerio Público adopta una actitud completamente diferente.

Según dijo, se organizan allanamientos a horas inusuales, a las 3 o 4 de la madrugada, con despliegue de cámaras previamente convocadas, uso excesivo de fuerza, armas largas, chalecos, cascos y una puesta en escena que califica de teatral.

Además, denunció que en estos casos se han producido filtraciones masivas de expedientes —con documentos que suman decenas de miles de páginas— incluso antes de que los abogados de los imputados tengan acceso a ellos.

A esto se suman, según Lorenzo, medidas de coerción exageradas y desproporcionadas, que buscan castigar por adelantado y moldear la opinión pública en contra de los investigados.

En palabras del dirigente político, “no estamos ante una actuación técnica ni jurídica del Ministerio Público, sino ante una conducta funcionalmente subordinada a los intereses del Gobierno. Lo que vivimos es un caso típico de lawfare: el uso del sistema penal como herramienta de persecución política”.

El PLD hizo referencia al más reciente caso de presunta corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), asegurando que en este también se han evidenciado los mecanismos descritos.

Lorenzo sugirió que mientras se actúa con sigilo y moderación si los presuntos responsables tienen relación con el PRM, se recurre al espectáculo mediático y a la humillación si los investigados son opositores o ciudadanos comunes.

Los dirigentes concluyeron su intervención advirtiendo que este patrón de actuación no solo amenaza el debido proceso, sino que también socava la credibilidad del sistema judicial dominicano.

Señalaron que lo que está ocurriendo no responde a una política de fortalecimiento institucional, sino a una estrategia deliberada para preservar la hegemonía del partido de gobierno mediante la criminalización selectiva de sus adversarios.

Para el PLD, esta situación representa una distorsión peligrosa del Estado de derecho, donde el criterio de justicia no se basa en la ley ni en la evidencia, sino en el cálculo político. “Lo que denunciamos evidencia una justicia selectiva, donde el criterio de actuación del Ministerio Público no es jurídico, sino claramente político”, concluyó Yván Lorenzo.