Poderes extranjeros quieren mutilar nuestro derecho a las deportaciones
Ramón Núñez Ramírez
Parece contradictorio que el Presidente Luis Abinader que ha aprovechado cuanto foro internacional para clamar por una intervención militar multilateral para pacificar Haití, ha reiterado la solución de los problemas de esa nación no están en República Dominicana, se negó a firmar la declaración de la IX Cumbre de las Américas porque nos comprometía como país a recibir refugiados, sea precisamente quien haya enviado al Senado un proyecto de ley que definitivamente lesionaba la soberanía; afortunadamente el Presidente retiró el proyecto en vista del rechazo generalizado.
El país cuenta con una ley Sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Ley 137-03), así como es signataria de los Protocolos de Palermo, por supuesto nunca un traficante ha sido condenado, en principio parecería que el proyecto sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes busca fortalecer el marco para castigar a los que se dedican a esa inhumana práctica, sin embargo, el proyecto contiene artículos que representan una amplia ventana para dar estatus migratorio a los ilegales.
El Artículo 63 del proyecto establece que: “…gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.
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En lenguaje llano, todo ilegal que denuncie, no pruebe, que ha sido maltratado o engañado por un traficante, automáticamente la ley establece que deberá ser instalado en un albergue para que pueda recibir la ayuda psicológica y el apoyo de entidades estatales para que regularice su estadía, obtenga atención integral, asistencia, protección e incluso empleo.
Lo más grave es que la aplicación de la ley por parte de una abultada burocracia y el mantenimiento de los indocumentados, en lo que se regularice su estatus y obtengan empleo, será financiado gracias a un impuesto que sería aplicado a todas las empresas y entidades públicas y privadas.
Si ahora entran por millares de forma ilegal gracias al negocio millonario fronterizo, si se siguen vendiendo los visados y las deportaciones se han convertido en otra fuente de ingresos para las autoridades, ¿Qué no pasará cuando contemos con una ley que facilite a ese indocumentado lograr su estatus de legalidad?
De lo que se trata es de un Gobierno sometido a múltiples presiones por parte de los EEUU, cabeza visible de la denominada “comunidad internacional”, y parecería que las presiones surtieron efecto y se presentaron dos proyectos, no uno, el de trata y tráfico que se anunció su retiro para ser depositado en 45 días y otro, el de castigo a la violencia contra la mujer, con idénticas pretensiones.
Existen varias leyes que protegen a la mujer de la violencia, parecería redundante otro, claro lo que pretende el depositado en el Congreso es limitar la capacidad de deportaciones del Estado dominicano. Y al respecto el Articulo 77d nos da la clave: “Que las mujeres extranjeras y migrantes y sus familiares a cargo no sean deportados como consecuencia de la realización de la denuncia, aunque se encuentren en situación migratoria irregular”.
En definitiva, poderes extranjeros quieren mutilar nuestro derecho a las deportaciones y que asumamos un número creciente de ilegales y dotarlos de estatus migratorio y contra esa pretensión debemos unirnos para evitar que lastren las posibilidades de nuestro desarrollo, quebranten la paz social e hipotequen nuestra soberanía.
