Port Cabo Rojo será sostenible
Por JUAN LLADO
Hay veces en que hasta los ambientalistas pierden la brújula con sus predicas santurronas. Pasa aquí actualmente con algunas de las causas que algunos de ellos enarbolan como prioritarias. Un ejemplo singular es el reciente reclamo de un pequeño grupo respecto a la fragilidad del ecosistema de Cabo Rojo. Aunque sin oponerse al proyecto del muelle de cruceros repican las alarmas sugiriendo la lejana posibilidad de que este impacte negativamente ese ecosistema. La advertencia no podría ser más inoportuna, desafortunada y hasta perversa.
Una carta de las entidades ambientalistas Grupo Jaragua y Reef Check alertó al ministro de Medio Ambiente “sobre las graves consecuencias ambientales que podría tener el planificado desarrollo del puerto en Cabo Rojo.” Al señalar que la zona posee “uno de los mayores complejos arrecifales de todo el pais, además de extensos pastos marinos,” las entidades alegan que el desarrollo del muelle “implicaría no solo consecuencias negativas en términos de servicios ambientales a nivel local, sino tambien la afectación de uno de los polígonos que conforman los Humedales de Jaragua de la Convención Ramsar”. Para el buen entendedor, a ese proyecto se le está calificando de sacrílego.
La carta obviamente causa un ruido innecesario. Fue el 3 de junio de este año cuando la gestora del proyecto de Cabo Rojo, la Direccion General de Alianzas Publico Privadas (DGAPP) deposito en el Ministerio el estudio de su impacto ambiental, el cual está disponible para revisión del público en el ministerio. Fue el 27 de mayo que el gobierno anunció el Port Cabo Rojo y se asume que lo hizo porque el estudio de impacto ambiental no arrojó ningun inconveniente. Eso significa, por tanto, que no había necesidad de que se le recordara a la DGAPP la existencia de esos corales y pastos marinos. De cualquier modo, la empresa concesionaria –ITM Red Ports Investments– advirtió hace días en un comunicado circulado en las redes sociales que está realizando las evaluaciones de lugar –acompañadas de vistas públicas, lo nunca antes visto en el sector turístico– para asegurarse de que su proyecto no causara daños ambientales.
Aunque los ambientalistas deben mantener su alerta sobre los posibles daños ambientales que pudieran producirse en cualquier parte del pais, la carta equivale a ponerle, sin razón de peso, trabas a la credibilidad del proyecto de Cabo Rojo. Ese tipo de intervención, penosamente, ocupa la agenda de algunos ambientalistas que emergen como cruzados ante la opinión publica para oponerse a proyectos que, con frecuencia, no pondrían en peligro el medio ambiente. (Prima facie la explotación de los 4 kms2 de Loma Miranda es uno de ellos, como tambien la esperada explotación de la mina de oro de San Juan de la Maguana.) La consecuencia es que sobre Cabo Rojo un diputado ya está pidiendo una investigación en la Cámara de Diputados y la pasada semana se armó, en una vista pública en Pedernales, una polémica estridente entre los ambientalistas y los comunitarios de Pedernales. Estos ultimos resienten enérgicamente la oposición de los primeros.
Desconcierta, además, que esos ambientalistas salgan ahora con objeciones cuando fue la misma comunidad ambientalista la que recomendó que el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales se ubicara en Cabo Rojo. Fue la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias que, en el 2004, presentó una Propuesta Técnica para el Desarrollo de Bahia de las Águilas. La misma fue el resultado de una encendida polémica entre el ministro de Turismo de entonces (Felix Jimenez) y los ambientalistas porque el funcionario propuso que una empresa francesa (ARGOS) pudiera desarrollar algunos “ecolodges” en Bahia de la Águilas. Tal propuesta fue declarada anatema por perjudicial al “frágil ecosistema” de esa playa.
La condena fue posteriormente ratificada por un experto que envió la OMT en el 2006 (Francesc Giro) para evaluar la factibilidad de desarrollar hoteles en la propia Bahia de las Águilas. Su veredicto fue bastante intransigente: “los ecosistemas situados en el Parque Jaragua, donde se encuentra Bahía de Las Águilas, son de gran fragilidad debido a la aridez de la zona y la falta de agua y la instalación de cualquier infraestructura, en particular la apertura de pistas o senderos debería realizarse con la máxima prudencia.” Dijo además que “la zona no puede albergar hoteles ni desarrollos inmobiliarios.” Pero obviamente ese juicio no es compartido por la comunidad ambientalista en vista de que la misma no solo propuso el proyecto de Cabo Rojo sino que ha manifestado su apoyo al mismo.
En la declaración de marras el actual presidente de la Academia de Ciencias puso énfasis en la promesa del desarrollo turístico para erradicar la ancestral pobreza de la zona en cuestión. De ahí que sea apropiado citar las conclusiones de un consultor extranjero sobre el objetivo de la Ley No.202-04 de Áreas Protegidas: “En esta ley se declara al ser humano como el principal ente que debe ser protegido en la naturaleza y en concurrencia, se reconoce el derecho que tienen los dominicanos al beneficio y al producto de los bienes y servicios ambientales que le puedan brindar los ecosistemas y las especies, sin perjuicio del derecho a existir y a evolucionar de manera natural que a éstos se les reconoce.” Evidentemente los recursos naturales deben servir al bienestar de la poblacion, pero con declaraciones inoportunas como las del Grupo Jaragua y Reef Check se da la espalda a la lucha contra la pobreza. Soslayar a los pobres es una actitud perversa.
De hecho, algunos ambientalistas asumen una posición extrema de salvaguarda de los recursos naturales aun a costa de entronizar la pobreza de la gente. Quien escribe nunca ha sabido de que esas dos entidades hayan emitido declaración alguna en pro de que se usen los recursos naturales para redimir la pobreza de Pedernales y sus provincias aledañas, las mas pobres del pais. (La Propuesta de la Academia si lo hizo.) En vez de aportar sugerencias y propuestas para viabilizar la implementación del proyecto de Cabo Rojo lo que han hecho es comenzar a torpedear su ejecución con advertencias innecesarias y tendenciosas. El hecho mismo de que la empresa que desarrollará Port Cabo Rojo este haciendo vistas publicas para edificar a la población es evidencia de que están muy conscientes de la necesidad de preservar los ecosistemas. La empresa quiere que su proyecto sea sostenible y se propone conseguirlo.
El episodio es conveniente para advertirle a la comunidad ambientalista que debe cambiar su imagen de francotirador inoportuno para los proyectos de desarrollo en general (y turísticos en particular). Son cada vez mas los ciudadanos que resienten el rol entorpecedor que adoptan en casos en que, con un poco conocimiento de las tecnologías remediales existentes, su vocinglería negativa no se justifica. ¿Por qué no se ocupan, por ejemplo, de promover la reforma o reemplazo de la Ley No?202-04 sobre Áreas Protegidas, una ley que según un informe de la misma Comisión de Medio Ambiente de la Academia de Ciencias está llena de dislates y disparates? ¿Por qué no se ocupan de que de las 122 áreas protegidas existentes solo 16 tienen planes de manejo y personal adecuado? ¿Se justifica que el 26% del territorio nacional este designado como área protegida cuando el objetivo promedio del PNUD para América Latina es solo un 17%?
Nadie niega que el desarrollo turístico nuestro ha prohijado algunos daños ecológicos importantes, sobre todo en los albores del desarrollo en los años ochenta. Hace tiempo, sin embargo, que los requisitos de las autoridades para los nuevos proyectos han prevenido de manera efectiva que los proyectos impacten negativamente el medio ambiente. Por eso es imperativo que la comunidad ambientalista mude la piel y evolucione desde el rol de opositores a ultranza a colaboradores del desarrollo turístico, el cual seguirá siendo la locomotora mas importante de nuestro desarrollo económico. Por eso seria conveniente que los ministerios de Turismo y Medio Ambiente patrocinen seminarios, conferencias y cursos donde se eduque a nuestros ambientalistas como mejor hacer compatible el desarrollo turístico con la preservación del medio ambiente. Ahí es que esta el desafío desarrollista tanto del sector publico como de la comunidad ambientalista.
Fuente Acento
