Presión crece sobre el nuevo Código Penal mientras líderes del Congreso discrepan sobre posibles cambios
Santo Domingo, 25 junio. – A menos de 40 días de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano, prevista para el 3 de agosto de 2026, las máximas autoridades del Congreso Nacional expresaron posiciones encontradas respecto a la posibilidad de introducir modificaciones a la Ley 74-25 antes de que comience a aplicarse, en medio de cuestionamientos formulados por organizaciones de la sociedad civil, gremios periodísticos y diversos sectores profesionales.
El debate se intensifica mientras avanzan los preparativos para la implementación de una de las reformas legislativas más trascendentales de los últimos años, una normativa que sustituye un marco legal con más de un siglo de existencia, pero que desde su aprobación ha sido objeto de críticas por varios de sus contenidos, especialmente aquellos relacionados con la libertad de expresión, los delitos de palabra y el tratamiento de determinadas conductas penales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dejó abierta la posibilidad de revisar algunos aspectos de la legislación, al reconocer la amplitud y complejidad del nuevo instrumento jurídico.
Durante una entrevista concedida a la emisora Z101, el legislador señaló que no descarta que sea necesario realizar ajustes a la normativa una vez se identifiquen aspectos que requieran corrección.
“Tal vez tengamos que pasarle la mano porque es un código bastante amplio y complejo”, expresó Pacheco, al referirse al proceso de implementación de la nueva legislación.
Sin embargo, la postura del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fue diametralmente opuesta. El senador rechazó cualquier intento de modificación antes de la entrada en vigencia del Código Penal y sostuvo que solo la experiencia práctica permitirá determinar si existen disposiciones que deban ser corregidas o perfeccionadas.
“Al Código Penal no hay forma alguna de que se le pueda modificar un punto ni una coma hasta que no entre en funcionamiento. Después de que entre en vigencia, la práctica nos va a ir demostrando dónde tiene que ser modificado”, afirmó de manera categórica en declaraciones ofrecidas en la sede del Congreso Nacional.
Las declaraciones de ambos líderes legislativos reflejan el creciente debate que rodea a la nueva legislación, particularmente en torno a disposiciones que algunos sectores consideran potencialmente lesivas para derechos fundamentales como la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Preocupación por los delitos de palabra
Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es el conjunto de artículos que regulan los delitos de difamación, injuria y otras expresiones consideradas ofensivas dentro del nuevo régimen penal.
La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), encabezada por Persio Maldonado, ha manifestado públicamente su preocupación por las sanciones contempladas en la legislación, advirtiendo que las elevadas multas económicas y las penas privativas de libertad podrían provocar un efecto inhibidor sobre el trabajo de la prensa.
Según el gremio que agrupa a los principales medios impresos y digitales del país, la posibilidad de enfrentar procesos penales por publicaciones periodísticas podría desalentar investigaciones sobre corrupción, abuso de poder y otros temas de interés público, por temor a represalias judiciales.
La entidad considera que la amenaza de sanciones severas podría afectar el ejercicio de un periodismo crítico e independiente, limitando el acceso de la ciudadanía a información relevante sobre la gestión pública y privada.
Pacheco defiende la tipificación
Frente a esas inquietudes, Alfredo Pacheco defendió la permanencia de los delitos de difamación e injuria dentro del nuevo Código Penal, aunque reconoció que las sanciones previstas podrían ser objeto de evaluación futura.
El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que la legislación debe ofrecer mecanismos para enfrentar prácticas que calificó como extorsivas o de chantaje contra funcionarios públicos y otras personas.
En ese contexto, afirmó que ha sido víctima de situaciones en las que individuos le habrían exigido importantes sumas de dinero a cambio de no desarrollar campañas de descrédito en su contra.
A juicio del legislador, la existencia de estas conductas justifica que el ordenamiento jurídico mantenga herramientas para sancionar los abusos cometidos mediante el uso indebido de plataformas de comunicación o difusión pública.
Propuesta para proteger la libertad de expresión
Mientras se desarrolla la discusión, el senador independiente Antonio Taveras presentó una iniciativa orientada a introducir cambios puntuales en la legislación con el objetivo de fortalecer las garantías de libertad de expresión y proteger el ejercicio periodístico.
La propuesta plantea, en primer lugar, modificar el artículo 208 para eliminar las penas de prisión vinculadas a los delitos de difamación, privilegiando en su lugar sanciones de carácter económico cuando corresponda.
Asimismo, propone reformar el artículo 212 para establecer de manera expresa que ningún tribunal pueda ordenar la clausura o cierre de medios de comunicación como consecuencia de procesos relacionados con la difusión de informaciones o expresiones.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa consiste en derogar el artículo 310, que tipifica el delito de ultraje, una figura que ha sido cuestionada por diversos sectores al considerar que otorga una protección penal especial a funcionarios públicos y autoridades estatales frente a expresiones de los ciudadanos.
Los críticos de esa disposición sostienen que su permanencia podría generar un tratamiento desigual ante la ley y restringir el derecho de la población a cuestionar o criticar a quienes ejercen funciones públicas.
Debate continuará tras la promulgación
Con la fecha de entrada en vigencia acercándose rápidamente, el Congreso Nacional enfrenta una creciente presión por parte de organizaciones profesionales, medios de comunicación, juristas y sectores de la sociedad civil que reclaman revisiones a diversos artículos de la Ley 74-25.
Mientras algunos legisladores entienden que el texto debe comenzar a aplicarse antes de cualquier modificación, otros consideran que existen aspectos que podrían requerir ajustes inmediatos para evitar conflictos constitucionales o impactos negativos sobre derechos fundamentales.
En este escenario, la nueva legislación penal se encamina a iniciar su aplicación en medio de un intenso debate nacional.
Lo que parece generar consenso entre defensores y críticos es que la experiencia de su puesta en marcha servirá como prueba decisiva para determinar si el país deberá emprender una nueva ronda de reformas en uno de los instrumentos jurídicos más importantes del sistema de justicia dominicano.