Presos trasladados desde La Victoria enfrentan obstáculos para ser llevados a los tribunales
Santo Domingo, 4 de abril – La reubicación de presos desde la cárcel de La Victoria hacia diferentes establecimientos penitenciarios a lo largo del país, una medida tomada tras el incendio del 18 de marzo, ha generado complicaciones significativas en el proceso judicial dominicano. Los detenidos afectados por estos traslados están teniendo dificultades para ser presentados ante los tribunales para sus respectivas audiencias, un hecho que está perturbando el orden de las sesiones judiciales en las jurisdicciones del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo.
Esta situación ha causado una considerable preocupación entre los abogados y defensores públicos, quienes señalan que sus defendidos, al ser trasladados a otros centros sin la debida notificación a los tribunales correspondientes, se ven impedidos de comparecer a tiempo —si es que llegan a comparecer— para las audiencias programadas. Esta falta de coordinación ha llevado a un aumento en el número de aplazamientos de audiencias, generando un ciclo de retrasos en el sistema judicial.
Los traslados se ordenaron como parte de una disposición de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien anunció la reubicación de alrededor de 1,800 presos como respuesta al desastre ocurrido en La Victoria. Las cárceles de destino incluyen El Pinito en La Vega, Vista al Valle en San Francisco de Macorís, y diversos centros de corrección y rehabilitación a nivel nacional.
Sin embargo, esta medida, lejos de aliviar la carga sobre el sistema penitenciario, ha introducido nuevos desafíos para el acceso a la justicia de los afectados. En respuesta a las dificultades para realizar las audiencias, se intentó implementar un proyecto que facilitara estas diligencias dentro de los mismos complejos penitenciarios usando furgonetas adaptadas para tal fin. No obstante, este esfuerzo no logró sus objetivos debido a la ineficacia en el traslado de los imputados a las audiencias, exacerbado por los constantes aplazamientos solicitados por los abogados de los detenidos.
La iniciativa buscaba reducir la sobrepoblación en La Victoria, donde un 58% de los reclusos se encuentran en prisión preventiva, y mejorar la eficiencia del sistema judicial. Sin embargo, la práctica de no trasladar a los detenidos a las audiencias, sumada a la pandemia del Covid-19, llevó al proyecto a un colapso definitivo.
