Sigue controversia por financiamiento electoral en la República Dominicana
Santo Domingo, 4 abril – El presidente Luis Abinader y el Tribunal Superior Administrativo (TSA) se encuentran bajo escrutinio en Santo Domingo, acusados de no adherirse a la ley que obliga la distribución de fondos por parte de la Junta Central Electoral (JCE) a los partidos políticos para las elecciones.
Líderes opositores, como Roberto Rosario Márquez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, y Eduardo Jorge Prats, abogado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostienen que esta falta de cumplimiento tiene como objetivo privar a la oposición de los recursos necesarios para una competencia justa en las venideras elecciones, donde Abinader busca la reelección por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los partidos de oposición, unidos bajo la coalición «Alianza RD» e incluyendo al PLD, Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD), han expresado su descontento, viendo esta situación como un intento de limitar su participación democrática. Estos grupos demandan la asignación de más de RD$2,500 millones, según lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, destinados al financiamiento político desde el presupuesto nacional.
La JCE ha apoyado la petición de los partidos opositores, presentando un recurso de amparo ante el TSA. No obstante, el tribunal desestimó el recurso sin ofrecer explicaciones, lo que ha exacerbado la desconfianza y la incertidumbre hacia las instituciones gubernamentales dominicanas.
