Prisión preventiva y otras medidas para acusados en caso de fraude de la Cooperativa Coop-Herrera
Santo Domingo, 24 octubre – El Ministerio Público logró obtener medidas de coerción para siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) el domingo pasado. Estos directivos enfrentan cargos relacionados con un fraude que alcanza aproximadamente RD$2,500 millones.
El juez Máximo Saint Hilaire, de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso medidas de coerción que incluyen prisión preventiva por 18 meses, arresto domiciliario, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Además, declaró el proceso como de tramitación compleja.
Los acusados con prisión preventiva son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Julio César Minaya y Jacer Eliazar Mejía Pereyra. Cumplirán esta medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
Kenia del Carmen Liriano Pérez recibió arresto domiciliario, una garantía de 3 millones de pesos a través de una compañía aseguradora y la prohibición de salir del país.
Ana Cecilia Tejada Santos deberá presentar una garantía de 3 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, además de tener impedimento de salida del país y presentación periódica los días 25 de cada mes.
Simona Borsilea deberá presentar una garantía de 1 millón de pesos a través de una compañía aseguradora, además de tener impedimento de salida del país y presentación periódica los días 25 de cada mes.
El juez programó la revisión obligatoria de la medida para el 22 de enero de 2024 y la audiencia de control para el 24 de junio del mismo año.
Los directivos enfrentan cargos por asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, y robo de identidad de personas. Además, se les acusa de realizar maniobras fraudulentas contra la administración, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos.
La solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público contenía 224 páginas y pruebas suficientes para respaldar las acusaciones.
La Operación Búho, que comenzó el 4 de octubre, fue el resultado de una extensa investigación que llevó al arresto de siete directivos de Coop-Herrera implicados en un fraude. Para esta operación, el Ministerio Público movilizó a más de 20 fiscales, unos 100 agentes de policía y una docena de miembros de equipos especiales. Las denuncias presentadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas jugaron un papel importante en la investigación.
Durante la operación, el Ministerio Público confiscó propiedades lujosas, embarcaciones, vehículos y otros activos, todo en virtud de órdenes judiciales. Los imputados se involucraban en actividades fraudulentas, como la emisión de certificados financieros inorgánicos y simulaciones de préstamos, con el fin de desviar el dinero de los asociados y ahorrantes.
La Operación Búho fue el resultado de meses de investigación realizada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. La solicitud de medidas de coerción fue respaldada por los fiscales Eduardo Velázquez, Jonathan Pérez Furcal, Rosa Isabel Mejía y Nicasio Pulinario.
