Proteger el patrimonio estatal ante los funcionarios corruptos

Felipe Ciprián

La corrupción, como toda enfermedad social, solo puede ser derrotada con una combinación armónica de prevención, vigilancia, educación en valores y castigo ejemplar.

Eso no existe en República Dominicana porque en materia de prevención no se ha hecho nada, la educación en valores se considera un ejercicio de tontos y el castigo no ha sido posible porque los gobernantes solo persiguen a sus contrarios políticos y protegen a los corruptos de sus propios partidos.

Pero un pueblo que en enero de 2017 se empoderó de tal forma que cientos de miles de dominicanos marcharon en las calles pidiendo el fin de la impunidad, tiene derecho a reclamar políticas e instituciones para blindar su patrimonio.

El 17 de diciembre de 2021 publiqué en Listín Diario el análisis titulado “Poner barrotes de acero para proteger el patrimonio público” en el que le pedí públicamente al presidente Luis Abinader realizar un censo de todos los bienes inmuebles del Estado como forma de saber qué tenía y crear un doble mecanismo de protección: un ministerio y habilitar formas de vigilancia ciudadana.

Mi sugerencia concreta era que se anexara un formulario para levantar esa información durante el X Censo Nacional de Población y Vivienda a realizarse del 10 al 23 de noviembre de 2022.

Aunque sin reconocerlo por ningún medio, mi propuesta fue tomada en cuenta por el gobierno, que más de un año después ordenó realizar ese censo.

En junio de 2023 se levantó el “Censo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado”, y el pasado lunes Abinader presentó dos datos generales: “El Estado posee más de 40,000 bienes y más de tres millones de tareas debidamente identificadas y ubicadas en distintas provincias, asegurando su adecuada gestión y protección”.

Hay que completar el trabajo

Aunque son cifras generales que dicen muy poco, es de esperar que la comisión censal entregue un informe detallado que contenga la identificación y ubicación precisa de cada bien y su valor actual, con una proyección de apreciación o depreciación.

Cuando hice la sugerencia del censo de patrimonio, mi principal motivación fue que tanto el gobierno como los ciudadanos se encargaran de luchar por su conservación y protección ante la pandemia de corrupción estatal que no cesa.

Estoy convencido de que cuando el Estado sepa realmente lo que tiene y ponga esa información al alcance y la vigilancia de los ciudadanos, robar el patrimonio será más difícil y los mafiosos tendrían que pensarlo mejor antes de hacerlo si a esa situación se agrega una persecución tenaz, sistemática y con consecuencias para quienes se apropien de la riqueza pública.

Si el gobierno quiere realmente proteger el patrimonio público, debe identificar y señalizar todos los bienes, al igual que los cabildos, con una valla fija informando su extensión, área construida, valor nominal y una advertencia de que quien dañe, invada o afecte esa propiedad, será perseguido judicialmente.

Sería de mucha utilidad para la auditoría social que se cree un mapa interactivo del país señalando la ubicación, características y valor de cada inmueble estatal o municipal para que la ciudadanía pueda acceder y comprobar que no ha sido enajenado.

Un ministerio

Saber qué tiene el Estado y dónde está, es solo un paso. Luego corresponde asignar a una autoridad competente para su conservación, aprovechamiento y rendimiento.

Debe ser una autoridad revestida de poder que disponga de técnicos, equipos, métodos y recursos suficientes para garantizar que esos bienes se utilizan eficazmente para promover el desarrollo del país.

No es verdad que Bienes Nacionales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que además tiene una sobrecarga de funciones orientadas a otros aspectos del Estado, cuenta con poder para hacer una efectiva gerencia y cuidar el patrimonio estatal.

¿Qué va a hacer un administrador de Bienes Nacionales cuando un ministro de cualquier ramo lo intente inducir a entregar una pieza del patrimonio estatal?

Aquí recordamos a ministros de pasados gobiernos que mandaban camiones militares a buscar los mejores novillos a los ingenios y muy pocos funcionarios medios de la División de Boyada del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) se atrevían a resistirse a entregar esos animales del Estado a esos funcionarios que los llevaban para sus fincas particulares.

Eso no debe suceder si los bienes públicos los custodia un Ministerio del Patrimonio Estatal, con un poder tan amplio como fuere necesario para garantizar, en todos los ámbitos, que nadie se robe particularmente lo que corresponde a todos.

Un ministerio tan importante como ese debe ser definido por una ley que establezca claramente que desde el ministro hasta el más simple peón, estarán obligados a proteger los bienes públicos y cualquier robo o canibalización, será considerado suficiente para encausarlo en los tribunales por acción u omisión.

Que continúe la lucha contra la corrupción en forma de persecución, pero si el Estado no crea condiciones para prevenirla, es innegable la complicidad y cualquier hombre honesto tiene derecho a pensar que los funcionarios están más cómodos persiguiendo a los corruptos que evitando que ellos roben.

Comenzamos a saber cuántos bienes inmuebles tiene el Estado pero está pendiente establecer la autoridad con poder y voluntad para evitar que los funcionarios –siempre en complicidad con particulares– se roben el patrimonio público.

Listín Diario