Que nadie se equivoque: la investigación sobre Donald Trump y la trama de Stormy Daniels es un asunto serio

Por Ryan Goodman y Andrew Weissmann

The New York Times

Goodman y Weissmann son profesores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Aunque pueda resultar tentador hacerlo, es un error valorar la investigación del fiscal del distrito de Manhattan sobre Donald Trump comparando su relativa gravedad con la de esos muchos otros delitos que presuntamente cometió el expresidente. No es así como los fiscales estatales y federales pensarán —o deberían pensar— sobre el asunto de presentar cargos contra Trump o, para el caso, contra cualquier otro acusado.

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Los fiscales están capacitados para ponderar si se puede iniciar una causa. Con otras palabras: ¿existen pruebas más allá de toda duda razonable que respalden una condena? También estudian si se debe interponer una causa. Principalmente: ¿se trata de un delito que la fiscalía suele imputar en circunstancias parecidas? Dicho de otro modo: ¿es coherente la imputación con el Estado de derecho, que exige que se trate a todos por igual?

Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan, tendría plena facultad para determinar si la respuesta a esas preguntas es sí, y, por tanto, apoyar la acusación contra Trump respecto a cualquier delito derivado del intento de evitar que Stormy Daniels revelara al electorado una presunta aventura amorosa antes de las elecciones de 2016.

Este caso es solo una de las varias investigaciones en curso sobre la conducta de Trump —lo que incluye la posibilidad de una investigación financiera mucho mayor por parte del fiscal de distrito de Manhattan—, y comprar el silencio de alguien es sin duda el menos grave de los delitos. No involucra la insurrección y el socavamiento del traspaso pacífico del poder, fundamental para nuestra democracia, ni la retención de documentos clasificados y la obstrucción de una investigación de seguridad nacional.

Pero ¿significa eso que la causa penal de Manhattan es un ejemplo de enjuiciamiento selectivo, es decir, de persecución de un adversario político por un delito del que no se acusaría a nadie más? Ni de lejos. Para empezar, Michael Cohen, exabogado de Trump que tuvo un papel decisivo en la trama, ya se ha declarado culpable de un delito federal derivado de esta conducta, y ha cumplido condena por este y otros delitos. Los fiscales federales declararon en la corte que Cohen “actuó en coordinación con y bajo la dirección de” Trump (identificado como “Individuo 1”). Sería anatema para el Estado de derecho no enjuiciar al responsable directo del delito, cuando se ha procesado a un conspirador de menor nivel.

Sin embargo, Bragg ha tenido que tomar el relevo, puesto que los fiscales federales no han emprendido dichas acciones legales, por motivos claramente sometidos a la corrupta influencia de William Barr, quien al parecer ha dado carpetazo a cualquier investigación de seguimiento sobre Trump. Pero sigue sin estar claro por qué no se ha llevado a cabo una investigación penal o una acusación contra Trump con la actual gestión (el fiscal general, Merrick Garland, no ha explicado públicamente ninguna razón por la que no realizar dicha investigación).

Como fiscal estatal, Bragg no puede presentar la misma acusación relacionada con la financiación de la campaña electoral por la que Cohen se declaró culpable. No obstante, tiene otras opciones. Las fiscalías de distrito de Nueva York han acusado a menudo a personas por haber presentado un registro mercantil falso, como delito grave y también como delito leve. El delito es claramente grave si se ha cometido con la intención de facilitar o encubrir otro delito; en caso contrario, se trata de un delito leve.

Esta acusación se centra en los mecanismos que, aparentemente, Trump y Cohen idearon para llevar a cabo el presunto plan: Cohen habría organizado los pagos a Daniels, Trump se los habría reembolsado a Cohen, y Cohen y Trump habrían encubierto el verdadero concepto de los pagos al registrarlos como unos honorarios en virtud de “un contrato de prestación de servicios” jurídicos que, según el Departamento de Justicia, nunca existió. Dado que Cohen tenía que incluir tales “honorarios” en su declaración de la renta, la Organización Trump habría pagado a Cohen unos considerables montos adicionales para cubrir esos impuestos. Asimismo, para mantener en secreto los pagos a Daniels, ni Trump ni su comité de campaña

Con frecuencia, la fiscalía del distrito ha acusado a personas de presentar documentos empresariales falsos cuando un acusado ha estafado a una compañía de seguros o evadido impuestos y, como parte de ese plan, ha creado un registro mercantil falso para encubrir el delito y evitar ser detectado. Como muestra un nuevo estudio coescrito por uno de los autores de este artículo, entre los precedentes figura la acusación contra una profesora por presentar supuestamente una cartilla de vacunación contra la COVID-19 falsa al Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York y a la dirección de su escuela; contra el propietario de un taller de reparación de automóviles que no presentó los formularios de impuestos adecuados, lo que dio lugar a una deuda tributaria de más de 60.000 dólares; y contra una mujer que obtuvo una cuenta de crédito fraudulenta en Lord & Taylor y después la utilizó para comprar varios artículos antes de salir de la tienda.

Si bien la analogía con Trump es imperfecta, dado que comprar el silencio de alguien no es ilegal per se, en su caso, la declaración de unos falsos honorarios en concepto de servicios jurídicos parece haber facilitado y encubierto un fraude fiscal en el estado de Nueva York (las declaraciones de renta falsas de Cohen) y la no declaración de las donaciones por parte del comité de campaña de Trump.

¿Existen posibles defensas para tales posibles delitos que Trump podría plantear como objeto de litigio, si es acusado? Sin duda. Pero esas acusaciones no se salen de la norma, y se ciñen perfectamente a lo que exige el Estado de derecho.

En resumen, es Trump quien está pidiendo un trato especial. Pero su antiguo trabajo ni le otorga ni le debe otorgar inmunidad frente a la rendición de cuentas que se le exigiría a cualquier otra persona.

Ryan Goodman es coeditor jefe del sitio web Just Security. Andrew Weissmann fue fiscal principal en la investigación del consejero especial Robert Mueller.

Fuente The New York Times