Red de espionaje en el Intrant: Revelan cómo Jochi Gómez interceptaba comunicaciones mediante licitación irregular
Santo Domingo, 6 de octubre – Un entramado de espionaje tecnológico y manipulación de datos ha sido revelado en el marco de la investigación de la operación Camaleón, que involucra a José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, quien habría aprovechado un contrato entre la empresa Transcore Latam y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para montar una red privada de radiocomunicaciones con capacidad para interceptar datos personales y corporativos, según consta en el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público.
El expediente presentado por el Ministerio Público detalla cómo el exdirector del Intrant, Hugo Beras, habría facilitado a Gómez la implementación de una red de radiocomunicación privada utilizando frecuencias atribuidas al servicio fijo en la banda de 2,300 MHz.
Esta banda, según las autoridades, permitiría a Jochi Gómez interceptar señales de comunicaciones cercanas, expandiendo así su capacidad de espionaje y vigilancia. Al controlar esta frecuencia, Gómez Canaán tendría acceso a llamadas telefónicas, transmisiones de video, datos de navegación por internet y mensajes de texto sin el conocimiento ni la autorización de los propietarios legítimos de dichas redes, según las autoridades.
La fiscalía sostiene que esta red privada no solo fue diseñada para interceptar información confidencial, sino también para lanzar ataques a otras infraestructuras de telecomunicaciones. Esto incluye interferencias deliberadas mediante técnicas de jamming, que podrían afectar sistemas de comunicación en empresas privadas, instituciones gubernamentales y redes públicas de telecomunicaciones.
El alcance de estas acciones, según el Ministerio Público, es alarmante, ya que no solo comprometían la privacidad de ciudadanos y empresas, sino que también podrían haber afectado comunicaciones militares, redes satelitales y hasta sistemas de control del tráfico aéreo.
El rol de Hugo Beras y la solicitud de frecuencias
El 30 de agosto de 2023, Hugo Beras, en su calidad de director del Intrant, envió una solicitud al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) solicitando la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de radiocomunicaciones privadas.
Según la comunicación presentada por Beras, estas frecuencias serían utilizadas para la transmisión de datos de tránsito en el Gran Santo Domingo, con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico desde las intersecciones hacia un centro de control.
Sin embargo, pocos días después, el 12 de octubre, Beras amplió su petición a Indotel, indicando que las frecuencias también serían necesarias para reforzar la comunicación en los centros de emisión de licencias de conducir y otros programas del Intrant. Estos centros, coincidentemente, eran gestionados por José Ángel Gómez Canaán, lo que levantó sospechas sobre los verdaderos fines de esta solicitud.
Uso indebido del espectro y las pruebas técnicas de Indotel
El Ministerio Público ha señalado que, aunque la solicitud de frecuencias fue presentada a Indotel, el Intrant comenzó a hacer uso del espectro radioeléctrico antes de recibir la autorización oficial. El 16 de enero de 2024, técnicos de Indotel realizaron un monitoreo en la banda de 2,300 MHz en el Distrito Nacional, específicamente en la intersección de la avenida 27 de Febrero y Atalaya, donde detectaron la presencia de una transmisión desde un edificio perteneciente al Intrant.
Los días 13, 20 y 21 de febrero, nuevas verificaciones técnicas realizadas por Indotel evidenciaron que los sistemas de transmisión instalados en los semáforos de las avenidas Winston Churchill, Abraham Lincoln, Roberto Pastoriza, John F. Kennedy y Núñez de Cáceres estaban operando en una frecuencia de 2.4 GHz, la cual es de uso libre.
Esto llevó a los técnicos a concluir que la frecuencia de 2,300 MHz solicitada por el Intrant no era necesaria para la operación del sistema semafórico, lo que levantó nuevas alarmas sobre los verdaderos motivos detrás de la solicitud, siempre de acuerdo al contenido del expediente.
La red de espionaje y los equipos adicionales instalados por Transcore Latam
El Ministerio Público ha acusado a Transcore Latam, la empresa adjudicada para gestionar la red semafórica, de haber instalado equipos y componentes que no estaban incluidos en la oferta técnica original. Según el expediente, la empresa instaló 55 cámaras adicionales, nodos de concentración, fibra óptica y kits de Starlink, elementos que no formaban parte del contrato inicial. Estas cámaras, afirma la fiscalía, formaban parte de un esquema ilegal de espionaje dirigido por Jochi Gómez y otro de los imputados, Carlos Peguero.
El acceso a estas cámaras habría permitido a los acusados espiar en tiempo real el tráfico de datos en las intersecciones de la ciudad, capturando imágenes y almacenando grandes volúmenes de información sin la autorización correspondiente. Estos datos podrían haber sido utilizados para actividades delictivas, incluyendo extorsión y otros crímenes conexos, sostiene el Ministerio Público en la acusación.
Implicaciones legales y amenazas a la seguridad pública
El Ministerio Público ha calificado estas acciones como una grave amenaza a la seguridad pública y la privacidad de los ciudadanos. La manipulación de datos y la vigilancia encubierta sin consentimiento violan los derechos fundamentales a la privacidad y configuran delitos graves contra la seguridad pública, advierte la fiscalía.
Además, las autoridades han expresado preocupación por el uso potencial de esta tecnología en actividades de extorsión, dado que las informaciones recolectadas podrían haber sido utilizadas para presionar a individuos o corporaciones.
Durante las auditorías realizadas, los fiscales descubrieron que los servidores utilizados para procesar y almacenar la información recolectada por las cámaras eran insuficientes para manejar el volumen de datos generado. Transcore Latam no pudo ofrecer una explicación clara sobre el destino de estos datos ni sobre los mecanismos de procesamiento y almacenamiento empleados.
Próximos pasos en el proceso judicial
El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción contra los involucrados en la operación Camaleón, mientras continúa profundizando en la investigación. Los fiscales aseguran tener pruebas sólidas de la participación de Jochi Gómez en la creación y operación de la red de espionaje, así como del rol facilitador de Hugo Beras y otros implicados.
Las autoridades están ahora concentradas en desenmarañar toda la estructura detrás de esta red criminal y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
