Renuncian 800 agentes penitenciarios en República Dominicana por condiciones laborales precarias
Santo Domingo, 23 marzo – En un sorpresivo giro, un total de 800 agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), encargados de movilizar a los tribunales a imputados de alto riesgo, han presentado su renuncia al Cuerpo de Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario Dominicano. Esta situación, denunciada por el experto en temas carcelarios Roberto Santana, refleja el deterioro del sistema penitenciario y las precarias condiciones laborales enfrentadas por estos funcionarios.
Roberto Santana, ex asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, explicó en el programa «Rumbo de la Tarde» que las renuncias se deben al agravamiento de la situación en las prisiones, donde las autoridades no están proporcionando un entorno seguro ni condiciones laborales adecuadas para el personal. Además, denunció que aquellos agentes que se niegan a participar en actividades corruptas o torturas son despedidos injustamente.
El especialista señaló la falta de transparencia en las investigaciones sobre incidentes recientes en el sistema penitenciario, como la aparición de una fibra óptica y la presencia de parábolas en el penal de La Victoria. A pesar de la designación de comisiones para investigar estos eventos, los resultados no se han dado a conocer, lo que ha generado preocupación y desconfianza entre la población y los trabajadores penitenciarios.
Santana también abordó el reciente incendio en el penal de La Victoria, descartando las especulaciones sobre enfrentamientos entre bandas como causa del mismo. En su opinión, la corrupción y la complicidad entre agentes de policía y grupos delictivos son problemas graves que contribuyen a la inseguridad y la falta de control en las prisiones dominicanas.
El experto destacó la importancia de abordar estas cuestiones de manera urgente y transparente, instando a las autoridades a tomar medidas concretas para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la seguridad tanto de los empleados como de los internos en el sistema penitenciario de la República Dominicana.
