República Dominicana rechaza comunicado de la CIDH sobre nacionalidad
Santo Domingo, 30 de septiembre – El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de República Dominicana rechazó el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado «CIDH insta al Estado a erradicar la apatridia».
El comunicado de la CIDH contenía acusaciones relacionadas con la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad.
En su comunicado, el Mirex informó que ha tomado nota de las observaciones y recomendaciones planteadas por la CIDH y reiteró su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
Sin embargo, el Estado dominicano «rechazó contundentemente» las acusaciones de la CIDH, afirmando que el comunicado de la CIDH no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país y no contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
El comunicado del Mirex señaló que se han realizado importantes esfuerzos para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, incluyendo la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, que ha restituido el estatus jurídico anterior a 60,773 personas afectadas por la sentencia TC/0168/13 y se ordenó expedirles sus documentos como dominicanos.
Sin embargo, se señala que solo 26,123 de estas personas acudieron a retirar sus documentos, mientras que las restantes 34,110 no lo hicieron, presumiblemente debido a diversas razones.
El Gobierno de República Dominicana reiteró su compromiso con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad y no discriminación, así como el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana.
Se afirmó que no existen políticas discriminatorias o segregadoras en el mercado de trabajo que dificulten el acceso al empleo de grupos particulares.
El comunicado del Mirex concluyó expresando la disposición del Gobierno de República Dominicana a cooperar con la CIDH para abordar los desafíos relacionados con la nacionalidad en el país y reiterando su compromiso con la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos consagrados en su Constitución y los tratados internacionales.
A continuación el comunicado íntegro de la Cancillería Dominicana
“El Gobierno dominicano toma nota de las observaciones y recomendaciones planteadas por la CIDH, y reitera su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
Sin embargo, el Estado rechaza contundentemente las acusaciones de la CIDH, en el sentido de que lo expuesto en dicho comunicado no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país; no contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
Hemos realizado importantes esfuerzos para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, los cuales han incluido la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, que ha sido ampliamente respaldada por la sociedad dominicana. La misma ha restituido el estatus jurídico anterior a 60,773 personas afectadas por la sentencia TC/0168/13, y se ordenó expedirle sus documentos como dominicanos. De estos, solo 26,123 acudieron a retirar sus documentos, los restantes 34,110 no los han recogido, presumiblemente porque fallecieron, emigraron o ignoraron el amplio llamado del Gobierno dominicano en ese momento.
El Gobierno está comprometido con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad, y no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana. El Estado ha hecho ingentes esfuerzos por garantizar el acceso universal a la salud y a la educación de todos los habitantes en nuestro territorio. Tampoco existen políticas discriminatorias o segregadoras en el mercado de trabajo, que dificulten el acceso al empleo de grupos particulares.
Es propicia la ocasión para reiterar el objetivo planteado en la política exterior de República Dominicana, que como eje estratégico de acción contempla la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, consagrados en su Constitución y los tratados internacionales.
Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo y la cooperación con la CIDH, para abordar los desafíos relacionados con la nacionalidad en República Dominicana”.
