Se le vio el plumero
Estados Unidos es una gran nación. La República Dominicana también lo es, solo que de geografía más pequeña y de masa poblacional más baja.
En los últimos días ha habido revuelo y excitación porque el pasado 19 de noviembre la embajada de los Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre la posibilidad de que si visitan la República Dominicana sean discriminados en razón del color de su piel. Casi a continuación, ¿curiosa coincidencia?, el pasado miércoles, 23 de noviembre, las autoridades de aduanas estadounidenses dispusieron la detención de los embarques de azúcar enviados por el Central Romana, bajo la acusación de incurrir en prácticas de trabajo forzoso.
Tal y como lo han expresado numerosas voces, el alerta emitido por la embajada es un infundio y un agravio lacerante. En cuanto al Central Romana, no existen evidencias de fuentes independientes que confirmen la acusación.
Ambas disposiciones, efectuadas sin base cierta y lanzadas al desgaire, solo pueden comprenderse si fueron acordadas para encubrir designios ocultos. Y confirman la sospecha de que los Estados Unidos presionan a la República Dominicana para que asuma la carga de la solución del problema haitiano.
De ahí que, en el cumplimiento de ese designio, los funcionarios estadounidense hayan optado por imponer castigo económico e insinuar que constituye discriminación racial la legítima actuación de las autoridades dominicanas orientada a poner orden en el desbordamiento migratorio que está ocurriendo como consecuencia del ingreso ilegal a territorio dominicano de cientos de miles de haitianos, proceder igual de legítimo que el rechazo de miles de migrantes de color que son deportados de los Estados Unidos en cumplimiento de sus leyes.
El tamaño de la asunción de la inaceptable carga que por lo visto quieren imponernos tiene matices, pero en el largo plazo todos conducen a la pérdida de nuestra nacionalidad y soberanía, que serían asumidas por los haitianos por simple acumulación numérica. La consecuencia sería un Estado más grande y poblado, con instituciones muy deterioradas, camino de la insolvencia, y la huida de los dominicanos en capacidad de hacerlo hacia dónde encuentren refugio. O sea, la creación de un problema aún mayor que el actual.
En este empeño al cuerpo burocrático de los Estados Unidos se le vio el plumero.
Las relaciones entre ambos pueblos deben estar regidas por la defensa de sus propios intereses dentro de un marco de respeto mutuo y de trato justo, asentados en sentimientos de amistad, lealtad y en valores compartidos.
Ser grande y poblado no da derechos al más poderoso de abusar, ni humillar, ni hacer arrodillar a los más pequeños obligándolos a establecer políticas, verbigracia migratoria, que en su plano interno rechazan o aplican a su discreción, ni mucho menos a exigirles que cedan su soberanía.
Con actitudes desleales como esas puede entenderse la desconfianza que en muchos rincones del planeta existe sobre la política exterior estadounidense, pues en vez de fortalecer alianzas favorece la disolución de regímenes democráticos para apoyar la prevalencia de intereses espurios.
Si lo que los Estados Unidos buscan es evitar la llegada masiva de inmigrantes haitianos a su territorio, deberían acordar junto a otras potencias un plan de ayuda económica, social e institucional contundente, bien estructurado, que llegue a la gente y no se quede en los bolsillos de las ONGs contratadas. Y en esto la República Dominicana podría ser un soporte fundamental.
Los Estados Unidos deben darse cuenta de que somos el país de mayor estabilidad política y fuerte crecimiento en El Caribe y un aliado firme durante décadas. ¿A quien beneficia destruir esa estabilidad y crear en la región otra fuente permanente de conflictos? A nosotros no; a ellos tampoco.
Ante la embestida perturbadora que funcionarios de la administración estadounidense de corta visión desarrollan en contra del pueblo dominicano, nuestro país debe agotar la vía del diálogo, la persuasión y la búsqueda intensa de apoyo solidario regional, de nuestra base étnica residente en los Estados Unidos y de grupos organizados en aquella nación en defensa de nuestra soberanía e intereses fundamentales.
Ahora más que nunca las autoridades dominicanas deben mantenerse firmes y aplicar con la mayor rigurosidad las normas migratorias. En adición, están conminadas a crear las condiciones que permitan a los sectores contratantes de mano de obra irregular independizarse de las ataduras que los unen a esa fuente de trabajo, al tiempo que se profundiza la normativa y se aplica el régimen de consecuencias.
Si queremos preservar nuestra nación tenemos que fortalecer sus cimientos y cumplir las obligaciones ciudadanas.
