Se pusieron brutos
Marisol Vicens Bello
Las denuncias sobre el supuesto fraude perpetrado en ocasión de la licitación llevada a cabo por el Intrant para la “modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”, ponen en evidencia nuevamente la vulnerabilidad del sistema de contrataciones públicas, cuya fortaleza radica más en la honestidad y firmeza de quien lo dirija, como es el caso actualmente, que en una estructura y diseño idóneos, así como en la acuciosidad de reputadas periodistas de investigación, que alertadas generalmente por denuncias, en vez de voltear la mirada como hacen muchas entidades licitantes, la llevan hasta las profundidades para tratar de desenmarañar las oscuras redes de la corrupción.
También demuestra que los sospechosos habituales siguen pululando por las entidades públicas en busca de negocios, e incluso antes de que se publiquen avisos de licitación ya algunos han tramado cómo se alzarán con el santo y la limosna, como aparenta haber ocurrido en este caso en el cual el representante y accionista mayoritario de la empresa adjudicataria es un ex empleado del Intrant, que sin el más mínimo respeto a los conflictos de intereses pasó de ser simple analista de la entidad contratante hasta julio de 2022 a ser beneficiario de un millonario contrato, lo que debió levantar una alerta roja en el proceso, pues aunque no está consignado en nuestra deficiente ley, debería ser un requisito en toda licitación pública la presentación de una declaración de no conflictos de intereses.
Este debe ser uno de los países en el que más legalizaciones y sellos se requieren para cualquier documento, no solo la de las firmas por un notario público, sino que se estampen las iniciales de cada suscribiente en cada página y el sello del notario, firma a su vez legalizada por la Procuraduría General de la República, producto de un mal de fondo, las malas prácticas de oficiales públicos y profesionales que durante años se han quedado impunes, sin ser radiados de sus barras ni sancionados, y proveedores del Estado deshonestos que no han sido inhabilitados, y ni siquiera todos estos formalismos garantizan nada, pues existen redes enquistadas en la misma Procuraduría que por primera vez empiezan a ser perseguidas e investigadas.
Por eso la mejor garantía de que una contratación funcione bien es tener la contraparte correcta, pues los fardos de papeles que se entregan en las licitaciones o para la obtención del registro de proveedores del Estado, no sirven más que para llenar cotejos de empleados enfrascados en la rutina, o complacientes, sin que se hurgue ni se practique una debida diligencia, que no hay que ser investigador para poder hacerla, pues es lo que se hace cada vez que una empresa desea hacer una adquisición de activos o negocios y contrata abogados para que la hagan, situaciones en las cuales sería muy improbable que luego de cerrado el negocio resultara que todo era falso.
Aunque el ingenio y la astucia para el mal, así como el afán de enriquecerse ilícitamente de muchos, al parecer son también inagotables en este país, hay que admitir que eso sucede porque hemos diseñado un sistema de contrataciones públicas para que se beneficien del pastel personeros de autoridades de turno o hábiles suplidores que nunca pasan de moda, tengan la experiencia o no, porque en un proceso de este tipo deberían licitar las empresas reconocidas mundialmente por proveer este servicio, pero eso no satisface los apetitos, y por eso ganan empresas sin ninguna experiencia constituidas al vapor para hacer el negocio, y ahora tenemos la nueva modalidad de que para justificar la experiencia bastó registrar localmente un nombre comercial conocido meses antes de que se hiciera el aviso de la licitación, en coinicidencia con la salida del exanalista, lo cual no debió ocurrir, constituir una simple SRL local y usar ese nombre conocido, y bajar de la internet documentos para falsearlos como se ha denunciado.
No hay crimen perfecto, como tampoco fraude perfecto, y el fraude lo corrompe todo, como expresa la milenaria y sabia máxima romana, por eso esta licitación no debió llegar tan lejos, pues desde que hubo denuncias de falsedad por parte de la entidad conocida internacionalmente días después de firmarse el contrato, el semáforo debió parar el proceso, y aunque alega la Dirección de Contrataciones Públicas que comunicó al Intrant el debido proceso a seguir, la ausencia de respuesta de este debió ser todavía mayor alarma, la cual aunada a la fervorosa defensa del proceso evidencia que, si no hubo complicidad, a lo menos en ese organismo no se hizo debida diligencia alguna y la prisa por buscar solución “inteligente” al caos del tránsito, puso brutos sus sentidos.
El Caribe
