Siete involucrados en Operación Medusa admiten acusación del Ministerio Público por hechos de corrupción
Santo Domingo, 14 marzo – Siete personas implicadas en hechos de corrupción administrativa han admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público en el marco del proceso judicial conocido como Operación Medusa. Este caso, que tiene como figura principal al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, continúa generando atención y debate en la opinión pública.
Los involucrados en esta situación, identificados como Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez, han llegado a acuerdos con el Ministerio Público para colaborar en el proceso judicial.
La fiscal Rosa Alba García Vásquez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó estos acuerdos al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se lleva a cabo la audiencia preliminar del caso. Según García Vásquez, estos acuerdos implican la admisión de los hechos presentados en la acusación del Ministerio Público.
La entrega de estos acuerdos representa un giro en el proceso, ya que el Ministerio Público había concluido anteriormente la presentación de la acusación solicitando el auto de apertura a juicio para 41 personas físicas y 22 razones sociales involucradas en el caso.
Como parte de los acuerdos, el Ministerio Público ha variado sus conclusiones iniciales respecto a los acusados Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, solicitando una pena de tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida, bajo reglas específicas.
Además, se ha establecido una serie de reglas para el cumplimiento de la pena, que incluyen la residencia en un lugar determinado, la abstención de viajar al extranjero sin previa autorización judicial, la prohibición de portar armas de fuego y el cumplimiento de horas de trabajo comunitario.
En el caso de las empresas implicadas, como Divamor Group SRL y Rogama SRL, se han solicitado multas económicas y otras medidas cautelares, como el decomiso de acciones y bienes inmuebles.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que se han alcanzado diferentes tipos de acuerdos con los acusados, algunos de los cuales implican la imposición de penas y otros que se resolverán en el transcurso del juicio.
El proceso judicial de la Operación Medusa ha generado gran interés en la sociedad dominicana, ya que se trata de un caso de presunta corrupción a gran escala que involucra a funcionarios públicos y empresarios. El Ministerio Público acusa a los implicados de diversos delitos, incluyendo prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos y lavado de activos.
El juez Amauri Martínez ha dispuesto el aplazamiento de la audiencia para continuar con el proceso judicial, lo que sugiere que este caso continuará generando titulares y debate en los próximos días.
