Suprema Corte ratifica prisión preventiva contra fiscal acusado de recibir soborno de US$10,000
Santo Domingo, 3 junio. – La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó este miércoles la medida de coerción de prisión preventiva impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un soborno de una persona que se encontraba bajo investigación, con el propósito de influir en procesos a su cargo.
La decisión fue adoptada tras rechazar un recurso de apelación interpuesto por el imputado contra la resolución que ordenó su envío a prisión preventiva el pasado 6 de mayo. Con este fallo, el alto tribunal mantiene la medida cautelar de tres meses de prisión que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
La audiencia fue conocida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena, que concluyó que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida de coerción.
Tras la audiencia, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho, valoró la decisión judicial y sostuvo que tanto el tribunal que impuso originalmente la medida como la Suprema Corte han considerado que la prisión preventiva es la medida proporcional a la gravedad de los hechos imputados.
Según la investigación, Valdez Alcántara habría solicitado dinero a una persona bajo investigación a cambio de favorecerla en procesos que tenía bajo su responsabilidad. El expediente señala que el fiscal recibió una suma de US$10,000 durante una entrega controlada organizada por las autoridades como parte de las pesquisas.
Camacho explicó que la entrega fue previamente coordinada por el Ministerio Público y que el dinero utilizado estaba debidamente identificado y marcado. Indicó que antes de la operación se documentó fotográficamente el efectivo y que posteriormente fue encontrado en poder del imputado.
El representante del órgano acusador sostuvo que las evidencias recolectadas constituyen elementos objetivos dentro de la investigación y afirmó que el proceso se desarrolla respetando las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.
Durante la audiencia, Camacho argumentó que la gravedad del caso no radica únicamente en la presunta recepción del soborno, sino en la condición de funcionario público del acusado.
“Al funcionario público se le exige más que al ciudadano común, porque juró cumplir y hacer cumplir la ley”, expresó el procurador durante sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por Wilson Camacho junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez.
De acuerdo con el expediente acusatorio, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente US$200,000 a la persona investigada. Posteriormente, esa suma habría sido reducida a US$150,000 durante las negociaciones. El Ministerio Público también sostiene que el imputado mostró interés en recibir un reloj de la marca Rolex y exigió la entrega de un vehículo Mercedes Benz 350 o 450 como parte de los beneficios solicitados.
La institución atribuye al fiscal la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La medida de coerción original fue impuesta por la jueza Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien rechazó diversos incidentes planteados por la defensa técnica del imputado, incluida una solicitud de nulidad del proceso.
Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, el proceso penal continúa en la fase de investigación mientras el Ministerio Público profundiza las indagatorias y prepara la presentación formal de la acusación.