Texas quiere agentes armados en todas las escuelas, pero muchas carecen de recursos para ello

AUSTIN, Texas, EE.UU. 2 sept  — La idea de desplegar policías armados en todas las escuelas de Texas está topándose con la realidad de insuficientes recursos o agentes luego de que una nueva disposición entró en vigor el viernes, en una muestra de cómo un objetivo que muchos estados están acogiendo en respuesta al ciclo de masacres a tiros en Estados Unidos está demostrando ser inviable en muchas comunidades.

Docenas de los mayores distritos escolares de Texas, que imparten enseñanza a muchos de los 5 millones de estudiantes del estado, están reabriendo las aulas sin cumplir con los nuevos requisitos estatales de que haya agentes armados en cada plantel. La disposición es pilar de una ley de seguridad promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott, quien rechazó este año los llamados a favor del control de armas a pesar de las airadas peticiones de padres cuyos hijos perdieron la vida en la masacre escolar en Uvalde.

Texas tiene casi 9.000 escuelas públicas, el segundo mayor número después de California, lo que convirtió la disposición en la de mayor envergadura de su tipo en Estados Unidos.

“Todos apoyamos la idea”, dijo Stephanie Elizalde, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Dallas, que tiene más de 140.000 alumnos. “El mayor reto para todos los superintendentes es que se trata nuevamente de una disposición para la que no hay recursos”.

Las dificultades exponen las limitaciones de los exhortos a que se desplieguen guardias armados en todas las escuelas, más de una década después de que la Asociación Nacional del Rifle defendió la idea frente a las intensas exigencias a favor de que se implementen leyes más estrictas para el control de armas tras la masacre en la escuela primaria Sandy Hook en 2012.

La nueva ley de Texas permite excepciones, pero tampoco obliga a los distritos a informar del cumplimiento, lo que no deja claro cuántas escuelas están cumpliendo con la disposición.

Según todos los indicios, no serían muchas.

The Associated Press contactó con los 60 distritos escolares más grandes del estado para saber si comenzaban el curso cumpliendo con la normativa. Los distritos, que abarcan amplias zonas de Texas, desde los suburbios de rápido crecimiento hasta la frontera con México, cuentan con una población escolar combinada de más de 2,7 millones de alumnos.

No todos los distritos respondieron y algunos se negaron a discutir los niveles de contratación alegando motivos de seguridad. Pero las declaraciones a la AP, además de la revisión de las acciones de las juntas escolares y de las declaraciones a la prensa local, muestran que al menos la mitad no han sido capaces de cumplir con los estándares más altos de la legislación.

Uno de los principales problemas es la dotación de personal en las escuelas primarias, donde tradicionalmente la presencia de agentes es menos habitual. Pero son esos campus los que recibieron más pedidos de protección luego de que un pistolero mató el año pasado a 19 estudiantes de cuarto curso y a dos profesores en la escuela primaria Robb — una tragedia en la que los fallos no recayeron en la falta de policías, que llegaron al lugar en unos minutos, sino en la inacción de los cientos de agentes que se presentaron en el sitio.

Las autoridades escolares locales sostienen que la financiación adicional concedida por el gobierno estatal a los distritos en base a la nueva normativa, de unos 15.000 dólares por campus, es insuficiente. En Dallas, Elizalde apuntó que se necesitan 75.000 dólares extra para cada agente adicional en el segundo distrito escolar más grande de la región.

En su intento por cumplir con las nuevas directrices, algunos distritos se han planteado opciones que antes ni se consideraban: algunos recurre a empresas de seguridad privadas o arman al personal y a los maestros.

En respuesta a las dudas sobre los costos planteadas por los distritos, o a si Texas tiene policías suficientes para cumplir con la ley, el vocero de Abbott, Andrew Mahaleris, dijo en un comunicado que la ley permite cierta flexibilidad, incluyendo la entrega de armas a los empleados de las escuelas.

AP