Traspasar un carro en RD: odisea de 3 días que cuesta tiempo y dinero
Haivanjoe Ng Cortiñas
En República Dominicana, cambiar la propiedad de un vehículo de motor puede tomar más tiempo que fabricarlo. Mientras en una empresa robotizada, la fabricación dura no más de 24 horas, en dominicana traspasar el título de propiedad de una matrícula dura tres días. Ese absurdo burocrático tiene un nombre en economía: costos de transacción.
La experiencia internacional nos dice que el proceso en países como Chile y Estados Unidos resuelven el mismo trámite en 2-4 horas mediante sistemas digitales integrados. Incluso en la región, naciones como Colombia y México han logrado reducir el proceso a 24 horas o menos. Esta brecha operativa no solo afecta la comodidad del ciudadano, sino la competitividad nacional atrayendo inversiones y facilitando el comercio. El desafío para dominicana lo tenemos de frente. En toda economía de mercado, la competitividad depende de la capacidad de asignar los recursos con eficiencia. Para lograrlo, el sistema debe permitir que los intercambios se realicen con la menor fricción posible. La Constitución dominicana, en sus artículos 50, 51 y 219, consagra la libertad de empresa, el derecho de propiedad y la iniciativa privada como pilares de un régimen de libre competencia. Sin embargo, entre lo que se proclama y lo que se practica, media un laberinto institucional que encarece cada operación económica.El economista Ronald Coase, en su célebre obra El problema social del costo (1960), explicó que cada intercambio económico conlleva gastos adicionales al precio del bien o servicio. A esos gastos los llamó costos de transacción: el tiempo y los recursos que se emplean para buscar información, negociar, redactar contratos, supervisar o garantizar su cumplimiento. En un mundo ideal donde estos costos fueran nulos, los agentes podrían reasignar libremente los recursos, alcanzando la máxima eficiencia. Pero en la práctica, los sistemas jurídicos, las normas y la estructura institucional determinan cuánto cuesta realmente participar en el mercado.
El problema aparece cuando esas instituciones, en lugar de facilitar, aumentan los costos del intercambio. La burocracia, la falta de coordinación entre entidades y los procedimientos innecesarios se convierten en un obstáculo para la eficiencia y en una fuente de pérdida de bienestar social.
Un ejemplo cotidiano
El proceso de traspaso de propiedad de un vehículo de motor en República Dominicana ilustra claramente cómo la burocracia puede elevar los costos de transacción. Luego de la compraventa, las partes deben firmar un contrato notariado, cuya firma debe ser legalizada en la Procuraduría General de la República, con un costo de RD$ 700.00 y un rango de tiempo de una a dos horas. A la par con ese proceso o separado, la matrícula del vehículo debe ser depurada por la Policía Nacional, trámite que cuesta RD$100.00 y tarda en el mejor de los casos dos días para emitir la certificación.
Con esos documentos, el comprador acude a una de dos colecturías de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para pagar el impuesto de traspaso -ubicadas en el Distrito Nacional-, equivalente al 2.0 % del valor del vehículo, conforme a una tabla de la entidad tributaria, no del precio del mercado. Este pago debe hacerse mediante cheque certificado, lo cual obliga a tener una cuenta bancaria y a realizar gestiones adicionales en una entidad financiera, como si el peso dominicano en efectivo no tuviera fuerza liberatoria, que establece el artículo 229 y 230 de la Constitución. Una vez completados todos estos pasos, la DGII emite la nueva matrícula. Todo el proceso requiere desplazarse a cuatro instituciones distintas —notario, Procuraduría, Policía y DGII— ubicadas en diferentes lugares. En total, el ciudadano o empresa invierte al menos tres días hábiles y varias horas de gestión presencial. Si se utiliza la encuesta del mercado de trabajo que prepara el Banco Central trimestralmente y escogemos los trabajadores ubicados en el decil 9, la valoración de ingreso diario sería de RD$ 2,248, el costo de oportunidad ronda los RD$6,744 sin incluir transporte, riesgos ni combustible.
A eso se agregan los costos monetarios directos: legalización (RD$700), certificación policial (RD$100), honorarios notariales (entre RD$ 3,000 y RD$ 4,000) e impuesto del 2.0 % del traspaso -asumiendo el precio de compra del vehículo en RD$ 1,300,000, el monto a pagar seria de RD$ 26,000. En conjunto, el costo total adicional puede representar alrededor de un 3.0 % del valor del vehículo. Estas partidas no consideran si el interesado utiliza a un “buscón” de los que merodean a las referidas instituciones publicas para “agilizar” el proceso.
Burocracia y fragmentación institucional
Este ejemplo revela un problema mayor: la fragmentación institucional. Cada entidad pública impone su propio trámite, costo y tiempo, sin coordinación entre sí. En vez de servir al ciudadano, el sistema lo obliga a convertirse en gestor de un procedimiento que podría resolverse en solo algunas horas si existiera interoperabilidad digital. Eso seria eficiencia que eleva la competitividad de la economía.
Desde la óptica de la economía institucional, este fenómeno dominicano reduce la eficiencia del mercado y desincentiva la formalidad. Muchos ciudadanos prefieren evitar el proceso formal o postergarlo indefinidamente, generando un mercado secundario de vehículos sin traspaso legal y exponiéndolos a riesgos legales que pueden evitarse.
El requerimiento de pagar mediante cheque certificado es otro ejemplo de rigidez institucional. Este paso excluye a personas sin cuenta bancaria, añade costos financieros, como el impuesto del 0.0015 % por cada peso de la operación con el banco -que en este caso le adicional RD$ 39.0- y extiende innecesariamente el tiempo del trámite. En la práctica, el Estado está imponiendo una barrera de entrada a la formalidad, afectando tanto al consumidor como al dinamismo del mercado.
Una economía atrapada en su propio diseño
Ronald Coase demostró que cuando los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos, los agentes pueden alcanzar acuerdos eficientes sin necesidad de intervención estatal. Pero cuando los costos son altos, la negociación privada se vuelve ineficiente y la intervención institucional se vuelve necesaria.
El problema dominicano no es la ausencia del Estado, sino su ineficiencia operativa. Cada sello, cada firma, cada fila, cada duplicidad administrativa es un costo que se traslada al consumidor final. La economía se ralentiza no por falta de recursos, sino por frenos institucionales mal diseñados.
Reformar para competir
Reducir los costos de transacción no es solo un asunto administrativo: es una política de competitividad nacional. Simplificar los procesos mejora la eficiencia del mercado, incentiva la formalidad, ahorra tiempo al ciudadano y eleva la confianza en las instituciones.
Un rediseño moderno del proceso de traspaso vehicular podría incluir:
Ventanilla única digital, donde el notario suba el contrato y el pago se realice en línea.
Interconexión de bases de datos entre Procuraduría, Policía y DGII.Pago electrónico inmediato, sin necesidad de cheque certificado.
Certificación policial digital vinculada al número de chasis o placa.
Estas medidas reducirían los costos de transacción, el tiempo y mejoraría la recaudación tributaria y fortalecería la formalidad en el mercado automotriz, especialmente el mercado secundario. La enseñanza de Coase sigue vigente: la eficiencia económica depende tanto de los precios como del marco institucional que rige las transacciones. En República Dominicana, la burocracia es uno de los principales impuestos que paga el ciudadano, aunque no figure en ningún presupuesto y pocos le han puesto métrica.
Reducir los costos de transacción no es simplemente digitalizar trámites; es redefinir la relación entre el Estado y el ciudadano, para que el primero sea facilitador y no obstáculo o limitante del desarrollo. En última instancia, esta es una reforma económica, pero también ética. Porque devolverle al ciudadano el valor de su tiempo es, quizás, el acto más justo de una administración pública moderna.
Listín Diario
