Tres decretos en seis meses: el riesgo de normalizar la emergencia

Por Zoraima Cuello

La libertad se defiende mejor cuando los ciudadanos saben, preguntan y exigen.  Pero para exigir, primero hay que saber. Y hoy la ciudadanía debe conocer un patrón que merece análisis: el gobierno dominicano ha emitido tres decretos de emergencia nacional en apenas seis meses: el 213-25 (residuos sólidos), el 517-25 (sector eléctrico) y el 627-25 (tormenta Melissa, habilitando 23 instituciones).

Tres causas distintas, una misma respuesta: la excepción como norma. Y el problema no es solo la frecuencia, sino la superposición sin control: el decreto eléctrico 517-25 está vigente cuando se firmó el 627-25, que vuelve a incluir a las distribuidoras eléctricas sin que se conozca un informe de ejecución del primero. ¿Cómo se controla el uso de esos fondos? ¿Qué justifica declarar en emergencia al mismo sector dos veces en un mes?

Todos esperamos que el Estado responda con agilidad. Y aunque el levantamiento oficial de los daños aún se desconoce, incluir a INAPA, Salud Pública, MOPC e INDRHI fue correcto siempre que las compras sean específicas para esas zonas. Sin embargo, la amplitud del decreto no resiste el contraste con los datos técnicos: según el Banco Agrícola, los daños fueron «limitados y localizados». Las empresas eléctricas reportaron estabilidad operativa: EDE Este restableció el 96% del servicio en 48 horas; EDESUR habló de «estabilidad histórica»; EDEESTE ejecutó acciones preventivas, no correctivas. Los datos oficiales de las propias EDEs contradicen la declaratoria: no hubo colapso del sistema.

Entonces, ¿por qué declarar 23 instituciones en emergencia —incluyendo Turismo, Interior y Policía, PROPEEP— sin evidencia de daños que lo justifiquen? ¿Y por qué excluir a ayuntamientos y corporaciones como CORAAVEGA, que están en el terreno atendiendo a las familias? Esta desconexión entre la amplitud burocrática y la realidad territorial tiene un costo económico medible.

El Banco Interamericano de Desarrollo advierte que las contrataciones públicas sin planificación pueden registrar aumentos de costos de hasta el 50% en algunos contratos. Esa es la factura que nadie ve: el impuesto invisible de la improvisación. Y el Banco Mundial, a través de sus Worldwide Governance Indicators, confirma que los países con baja previsibilidad institucional y alta discrecionalidad en el gasto público presentan menor inversión extranjera directa, menor eficacia gubernamental y menor calidad regulatoria. Para un inversionista extranjero, «23 instituciones con compras excepcionales» no es agilidad: es discrecionalidad y esta reduce la competitividad nacional.

Chile creó un Marco Nacional de Compras de Emergencia con precios prenegociados. México publica en tiempo real cada peso gastado en emergencias. ¿Por qué República Dominicana sigue operando como si cada evento fuera el primero?

Proteger los recursos públicos con el mismo rigor con que protegemos vidas exige acciones concretas:

1. Tablero digital de ejecución pública. Con un sistema en línea donde cada institución publique en tiempo real qué compra, a quién y con qué fondos.

2. Mapas de daño técnicamente verificables, en los que toda contratación esté sustentada en diagnósticos del COE, INAPA, Salud Pública o el MOPC con geolocalización. Sin evidencia técnica publicada, no debería haber compra autorizada.

3. Auditoría obligatoria post-emergencia. Que ningún decreto concluya sin un informe público de gastos y auditoría.

La transparencia no es una concesión del gobierno: es una condición de la democracia

En mi experiencia en gestión pública y análisis de competitividad, he aprendido que la respuesta efectiva no está en multiplicar decretos excepcionales, sino en fortalecer sistemas permanentes. Los países que mejor gestionan emergencias construyeron marcos institucionales previsibles. Esa construcción requiere tres actores: el gobierno que ejecuta, la oposición que fiscaliza y la ciudadanía que exige.

Plan de ejecución detallado del decreto 627-25 con cronograma y presupuesto desglosado.

Informe público del decreto 517-25 antes de superponer nuevos gastos al mismo sector.

La transparencia no es una concesión del gobierno: es una condición de la democracia. Preguntar no es oposición; es ciudadanía activa. Y fiscalizar no es obstruir; es proteger el interés colectivo.

La República Dominicana no vive bajo una emergencia permanente, pero gobierna sistemáticamente a través de la excepción. Tres decretos en seis meses no es coyuntura: es patrón de gestión. Y ese patrón amenaza nuestra competitividad.

Un Estado que improvisa gasta más, se vuelve menos confiable y reduce su capacidad de atraer inversión. La falta de planificación encarece los proyectos y retrasa la recuperación. Sin predictibilidad institucional, ningún país mantiene un clima favorable para la inversión, la productividad ni el bienestar social.

Gobernar es construir sistemas que funcionen antes, durante y después de la crisis. La institucionalidad no es el dique que contiene la improvisación: es el cimiento sobre el cual se construye el progreso sostenible.

Y un país que solo reacciona no progresa: sobrevive. Y nosotros aspiramos y merecemos prosperar.

Acento