Tribunal condena a implicados en red de narcotráfico y lavado desmantelada en Operación Larva
SANTO DOMINGO, 3 mayo 2026. Un tribunal colegiado de San Cristóbal condenó a varios integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico y lavado de activos, desmantelada mediante la denominada Operación Larva, luego de acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La sentencia impone penas de siete años de prisión a Jorge Luis Herasme y Ramón Eduardo Peña Reyes. Asimismo, fueron condenados a cinco años de prisión, con suspensión de la pena, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Elizabeth Spataro Rodríguez, María Mercedes Ramona Estrella y Sarai Esther Herasme Estrella. Los condenados también deberán pagar multas de entre 100 y 200 salarios mínimos.
El tribunal declaró además culpables a las empresas Upper Promotion, S.R.L.; J&H Administración y Servicios, S.R.L.; H&S Inmobiliaria, S.R.L.; Inversiones y Servicios Jorge y María, S.R.L.; Corporación de Crédito Corona Cocreco, S.R.L., y Lush, E.I.R.L., imponiéndoles multas de 200 salarios mínimos.
La decisión judicial ordena el decomiso de bienes muebles e inmuebles valorados en más de 14 millones de dólares. Entre los activos confiscados figuran apartamentos, locales comerciales ubicados en distintos sectores del Distrito Nacional, diez vehículos de diversas marcas y relojes de lujo de las marcas Rolex y Patek Philippe. También se dispuso el decomiso de sustancias narcóticas ocupadas durante las investigaciones.
La titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova, calificó la sentencia como un golpe significativo contra la criminalidad organizada y la estructura desmantelada.
Por este mismo expediente ya habían sido condenados anteriormente Manuel Alejandro Puig Pérez, Jorge Elías Medina Muñoz, Ángelo Spataro Rodríguez, Luis Jiménez, conocido como “Bonsai” o “Luis Hookah”, y Domingo Adalberto Ventura González. Igualmente, fueron sancionadas las empresas Agente de Cambio Estrella, S.A.; Spataro Italian Foodmarket, S.R.L.; Nayali Moda Italiana, S.R.L.; Kerabo Dominicana, S.R.L.; Mars Production & Entertainment, S.R.L., y Ardorys Dominicana, A.R.L.
Las investigaciones estuvieron dirigidas por los fiscales Luis Alberto García, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Daryl Montes de Oca, de la Fiscalía de San Cristóbal, con apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que los imputados incurrieron en delitos de lavado de activos, narcotráfico, porte ilegal de armas y uso de documentos falsos. Los fiscales litigantes presentaron pruebas documentales, testimoniales y periciales que fueron acogidas por las juezas Biulkys Milanés, Rosa Mateo y Ana Inés Susana, integrantes del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal.
El tribunal dispuso que las penas privativas de libertad sean cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal. En el caso de los condenados con suspensión de la pena, deberán cumplir condiciones impuestas por el tribunal, entre ellas abstenerse de participar en actividades relacionadas con los delitos por los cuales fueron sancionados. El incumplimiento de estas medidas podría implicar el cumplimiento efectivo de la condena en prisión.
Operación Larva
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura criminal fue intervenida inicialmente el 16 de marzo de 2020 mediante la Operación Larva. Posteriormente, el 27 de octubre de 2021, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santiago, San Cristóbal y Punta Cana.
Las acciones fueron ejecutadas tras la intercepción de una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, procedente de Colombia, en la que fueron ocupados 700 paquetes de cocaína clorhidratada.
El expediente acusatorio fue presentado el 26 de diciembre de 2022 contra varias personas físicas y jurídicas, mientras que el envío a juicio se produjo en agosto de 2024.
Según el órgano acusador, los procesados violaron disposiciones del Código Penal Dominicano, así como normativas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo, control de armas y tráfico de drogas, entre ellas las leyes 72-02, 155-17, 631-16 y 50-88.
