Tribunal deja en estado de fallo caso Coral y Coral 5G; Ministerio Público asegura vendrán condenas “firmes y ejemplares”

Santo Domingo, 16 abril.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dejó en estado de fallo el juicio seguido contra un grupo de altos oficiales militares, policiales y civiles acusados de integrar un entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal, presidido por la magistrada Gisselle Méndez e integrado además por las juezas Tania Yune y Jissel Naranjo, fijó la lectura de la sentencia para el próximo 15 de junio a las 3:00 de la tarde, tras dar por concluidos los debates del proceso.

Al momento de emitir la decisión, la jueza Méndez explicó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes involucradas, garantizando así el cumplimiento del debido proceso.

Indicó que, conforme a lo establecido en los artículos 338 y 377, numeral 5, del Código Procesal Penal, el tribunal cuenta con un plazo de hasta 40 días para deliberar, debido a que el juicio se extendió por más de 30 días. El proceso inició el 27 de junio de 2024.

Con esta decisión, el caso entra en su fase final, luego de un extenso juicio en el que el Ministerio Público y las defensas de los imputados presentaron sus argumentos sobre uno de los expedientes de corrupción más relevantes en la historia reciente del país.

Durante el desarrollo del proceso, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la procuradora de corte Mirna Ortiz, manifestó su confianza en que las decisiones judiciales serán contundentes.

“Es inminente y evidente que las sentencias que vendrán ante estas acusaciones van a ser duras, firmes y ejemplares”, afirmó Ortiz al ser abordada por la prensa durante un receso del juicio.

La representante del Ministerio Público sostuvo que el órgano acusador ha demostrado, a lo largo del proceso, la solidez de las pruebas presentadas contra los imputados, incluyendo al principal acusado, el general Adán Benoni Cáceres Silvestre, y otros coimputados.

“Como el Ministerio Público anunció desde el inicio, se ha demostrado en juicio, con todas y cada una de las pruebas, la fortaleza del expediente que desde la medida de coerción ya evidenciaba el curso que tomaría este proceso”, expresó.

Ortiz señaló que, frente a estas pruebas, las defensas de los imputados han basado su estrategia en argumentos verbales, sin lograr desvirtuar los elementos presentados por la acusación.

Asimismo, criticó que algunos de los procesados, a través de su vocero, han recurrido a los medios de comunicación para exponer alegatos que, según dijo, no han podido sustentar ante el tribunal.

“Ante la derrota y la inminente sentencia condenatoria, han optado por un ‘media tour’, planteando fuera del tribunal lo que no han podido demostrar dentro de la sala de audiencias. Los juicios se ganan aquí, no en la prensa”, enfatizó.

En ese sentido, cuestionó el interés de los imputados en defenderse públicamente si, según sus planteamientos, no existen pruebas en su contra. “Si no tuviéramos pruebas, ¿de qué se preocupan?”, agregó.

El Ministerio Público, representado en el litigio por Ortiz y el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, solicitó en febrero pasado la imposición de severas penas contra los acusados, incluyendo condenas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 400 salarios mínimos.

Entre los principales imputados para quienes se solicitó la pena máxima figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, así como el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.

Asimismo, el órgano acusador pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos contra Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

Para otro grupo de imputados, entre ellos Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez y otros, se solicitaron penas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos.

En tanto, para los acusados Raúl Alejandro Girón Jiménez, Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura, el Ministerio Público solicitó condenas de 5 años de prisión, además de multas económicas.

El expediente también incluye solicitudes de sanciones contra varias entidades jurídicas vinculadas al entramado, entre ellas la Iglesia Bautista Vida Eterna, para la cual se pidió la clausura, suspensión de operaciones y una multa de 200 salarios mínimos.

Igualmente, se solicitó la disolución y sanciones económicas contra empresas como Hacienda Kelman SRL, R & F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial SRL, así como una multa de 10 millones de pesos y disolución para Rawel Importadores SRL.

El Ministerio Público también requirió el decomiso de bienes incautados a los imputados, incluyendo propiedades inmobiliarias, villas, residencias y vehículos de lujo, presuntamente adquiridos con fondos provenientes de las actividades ilícitas.

De acuerdo con la acusación, la red de corrupción habría sustraído al Estado dominicano más de 4,500 millones de pesos mediante un esquema que operaba desde instituciones militares y policiales.

El tribunal, tras escuchar a todas las partes, ordenó el cierre definitivo de los debates, dejando el caso en manos de su deliberación interna.